Ocho aspirantes al TSJ figuran en listas de sancionados de Estados Unidos o de la Unión Europea

En total, once de los 1.343 candidatos presentados ante el Comité de Postulaciones Judiciales enfrentan o enfrentaron sanciones internacionales, incluidas la actual presidenta del máximo tribunal y su vicepresidenta. Entre los aspirantes también aparecen jueces cuestionados por organizaciones de derechos humanos, 20 magistrados designados por la Asamblea Nacional en 2017, militantes políticos y una ex precandidata presidencial.

Por: Cazadores de Fake News y El Pitazo

El 20 de noviembre de 2026, el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional publicó los nombres y las cédulas de las 1.343 personas que aspiran a integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura o a encabezar la Inspectoría General de Tribunales. Once de estos aspirantes aparecen también en las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o de la Unión Europea. Ocho de esas personas aspiran a ser magistrados del TSJ; las otras tres, a la Escuela y a la Inspectoría.

Los sancionados no son el único vínculo con el poder que muestra la lista. Entre los aspirantes a magistrado figuran un Ministro que seguía refrendando decretos a comienzos de noviembre, la Procuradora General nombrada en marzo por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Defensor Público General, que firmaba resoluciones en octubre.

Para identificarlos, Cazadores de Fake News y El Pitazo transcribieron el aviso y buscaron cada una de sus cédulas de identidad en las listas oficiales de sanciones de la OFAC y de la Unión Europea vigentes al 20 de noviembre, y en 11.209 designaciones publicadas en la Gaceta Oficial entre 2020 y 2026.

Las sanciones son medidas de gobiernos extranjeros y de la Unión Europea, y no equivalen a una condena; postularse tampoco significa ser elegido. El proceso sigue con un periodo de impugnaciones, del 21 de noviembre al 5 de diciembre, antes de que la Asamblea Nacional designe a los nuevos magistrados.

La cúpula del tribunal, en las listas

Las dos magistradas que encabezan el TSJ están entre los postulados. En enero de 2025, la Unión Europea sancionó a Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez como presidenta del TSJ y de su Sala Electoral, y a Fanny Beatriz Márquez Cordero como vicepresidenta del tribunal y de esa misma sala; las dos figuran también en la lista de la OFAC. Rodríguez aspira a magistrada; Márquez se postuló a dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales.

En agosto de 2024, la Sala Electoral que preside Rodríguez convalidó los resultados con los que el CNE proclamó a Nicolás Maduro ganador de las presidenciales del 28 de julio. Esto ocurrió a pesar de que el organismo nunca publicó los resultados por mesa y las actas recopiladas por la oposición daban la victoria a Edmundo González Urrutia.

René Alberto Degraves, juez suplente de Gladys Gutiérrez en el TSJ, también presenta su nombre para ser seleccionado como magistrado. La Unión Europea lo sancionó en febrero de 2021 como juez suplente de la Sala Constitucional. 

Sus críticos le cuestionan las decisiones tomadas en la Sala Constitucional, que han favorecido al régimen. Entre ellas, apoyó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, sin que se cumpliera el mandato constitucional de consultar a los ciudadanos. Intervino en la ilegalización del partido Voluntad Popular.

Otros dos magistrados sancionados de la Sala Constitucional se postularon, como Márquez, a la Escuela y a la Inspectoría, y no a una magistratura: Lourdes Benicia Suárez Anderson, a quien la OFAC identifica como magistrada de esa sala, e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, sancionado por la Unión Europea en 2025 como juez constitucional.

Exrectores, fiscales y la justicia militar

Dos aspirantes a magistrado eran rectores del Consejo Nacional Electoral cuando la OFAC los sancionó: Tania D’Amelio Cardiet y José Luis Gutiérrez Parra, designado en septiembre de 2020 como rector principal del CNE. 

D’Amelio, que además fue diputada del PSUV por el estado Vargas, es hoy magistrada, presidenta de la Sala Constitucional y segunda vicepresidenta del TSJ. También participó en la decisión que permitió a Delcy Rodríguez asumir la Presidencia encargada de Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. 

La lista incluye a Katherine Nayarith Haringhton Padrón, a quien la OFAC registra como fiscal nacional del Ministerio Público, y a Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea como fiscal con oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). También aspira Jesús Emilio Vásquez Quintero, general de división y expresidente de la Corte Marcial, sancionado por la Unión Europea desde 2021.

La décima sancionada, Carol Bealexis Padilla de Arretureta, figura en la lista de la OFAC sin que el registro indique su cargo. Otro aspirante, el exprocurador general Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, estuvo sancionado por la OFAC de 2020 a 2026.

Del Ejecutivo y de los órganos que el tribunal debe controlar

Carlos Alexis Castillo Ascanio fue nombrado ministro encargado del Proceso Social de Trabajo por Delcy Rodríguez el 18 de marzo de 2026, y su firma seguía apareciendo al pie de decretos presidenciales en la Gaceta del 2 de noviembre. Seis días después de nombrarlo, Rodríguez designó procuradora general a Arianny Viviana Seijo Noguera, que también se postuló a magistrada.

El defensor público general, Daniel Augusto Ramírez Herrera, designado por la Asamblea Nacional en 2022, se postuló junto a su antecesora y a nueve funcionarios nombrados por ambos. En la Inspectoría y en la Escuela de la Magistratura se repite el patrón: aspiran a dirigirlas funcionarias designadas por la inspectora encargada y el propio director de la Escuela.

En total, 56 aspirantes aparecen con la misma cédula en designaciones de la Gaceta Oficial desde 2020: 18 bajo la Presidencia de Nicolás Maduro, 7 bajo la de Delcy Rodríguez, 10 en el Ministerio Público de Tarek William Saab, 10 en la Defensa Pública y 13 en el aparato administrativo del TSJ. Varios de ellos ya habían intentado este año llegar a la Fiscalía General o a la Defensoría del Pueblo, algunos aparecen en más de una categoría.

Jueces cuestionados

Entre los aspirantes también hay jueces cuya actuación han cuestionado organizaciones de derechos humanos. Hennit Carolina López Mesa, jueza con competencia en terrorismo, condenó a acusados del caso de los drones considerados presos políticos y tuvo a su cargo otro proceso en el que se denunciaron torturas a policías y militares, según Infobae y Monitoreamos. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes incluyó a la jueza Carla Gardenia Araque entre quienes, a su juicio, «actuaron para promover la impunidad».

Otra de las que registró su nombre ante el comité de postulaciones es Carol Padilla de Arretureta, titular del Primer Juzgado Especial de Primera Instancia en Funciones de Control y es además jueza suplente del Tribunal de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas. En 2018, emitió órdenes de arresto contra los diputados de la Asamblea Nacional Julio Borges y Juan Requesens, y en marzo de 2019 participó en la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete de Guaidó. Según Borges, Padilla es la mano derecha del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.

Militantes políticos, magistrados en el exilio y una excandidata a las primarias

Además de funcionarios del Estado, aspira a ser magistrada la exdiputada y militante de Voluntad Popular Tamara Adrián. En el aviso figura con el nombre que consta en su cédula, porque la legislación venezolana no le ha permitido a esta mujer trans rectificar su identidad.

Fuentes de El Pitazo aseguraron que impugnarán la aspiración de Adrián porque, como abogada en ejercicio privado, realizó un análisis técnico-jurídico para los hermanos Oberto sobre un negocio financiero con Pdvsa. Según esas fuentes, el mismo escrito sirvió después para que Raúl Gorrín lograra el sobreseimiento de investigaciones en su contra en Venezuela y en España por el caso conocido como Money Flight, un presunto esquema para desviar más de 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal. El Pitazo llamó a Adrián, pero no ha respondido. 

Varios aspirantes han tenido cargos de partido o de elección popular, como Willy Medina Montoya, que figura como diputado del PSUV por Táchira en la web de la Asamblea Nacional; Andrés Avelino Álvarez Segovia, que aparece como diputado de ese partido, y Alirio Mendoza Galué, incluido en la lista de alcaldes del PSUV. Del lado opositor, Óscar Ronderos Rangel fue diputado de la MUD por Acción Democrática y Jesús Rangel Rachadell fue candidato a diputado por esa coalición.

Veinte de los 33 magistrados que juramentó en julio de 2017 la Asamblea Nacional de mayoría opositora, el grupo conocido luego como “el TSJ en el exilio”, están también entre los aspirantes. Nueve fueron designados entonces como principales, entre ellos Antonio José Marval Jiménez, presidente del TSJ en el exilio, quien vive en Estados Unidos.

En ese grupo están Elenis del Valle Rodríguez Martínez, que ese año recibió asilo en la Embajada de Chile, y Ángel Wladimir Zerpa Aponte, detenido por el Sebin en julio de 2017 y procesado ante la justicia militar. Otro, Alejandro Jesús Rebolledo, fue preso político: el Sebin lo detuvo en noviembre de 2024, cuando regresó al país para resolver su situación judicial, y fue excarcelado en enero de 2026.

También cumplió con el registro Gloria Pinho, excandidata a las primarias opositoras de 2023, que luego se presentó a las elecciones parlamentarias de 2025, en las que buena parte de la oposición llamó a no votar.

A la convocatoria se postuló Juan Pablo Montiel, penalista zuliano, primo del ex fiscal superior Antidrogas, Yimail Montiel y abogado del cantante Omar Enrique. En 2020, el ahora aspirante a magistrado protagonizó junto a su pareja un escándalo en Maracaibo por organizar una fiesta cuando había restricciones por la pandemia de Covid-19.

La policía detuvo a los participantes, pero no a los organizadores. En el área jurídica del Zulia se conoce del enfrentamiento que mantiene Montiel con su colega José Vicente Faría, hoy solicitante de asilo en España. 

Defensores de derechos humanos

Al menos cuatro aspirantes al TSJ son reconocidos defensores de derechos humanos: Joel García Hernández, vicepresidente de la ONG Fundeci y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH en 2024; el fundador del Foro Penal, Alonso Medina Roa, y dos coordinadores regionales de esa organización, Luis Armando Betancourt, de Carabobo, y Pedro Arévalo Semprún, de Nueva Esparta.

También se postuló la exjueza Judith Brazón, quien en los últimos años ha participado en movimientos sociales y se formó en el programa de infociudadanos de El Pitazo, uno de los medios que firman esta investigación.

Un dato relevante es el estado de procedencia de los registrados. De los 1.128 aspirantes cuya cédula aparece en el Registro Electoral de 2023, 266 votan en Miranda y 242 en el Distrito Capital, casi la mitad del total, seguidos de lejos por Aragua (80), Carabobo (68) y Lara (68). Zulia, el estado con más electores del país, aporta 51 aspirantes, y en Cojedes, Amazonas, Sucre y Delta Amacuro no llegan a diez. 

Lo que sigue

Esta investigación no pudo confirmar si el ministro y la procuradora se separaron de sus funciones para postularse. Lo que consta en los registros oficiales es que once de los postulados están o estuvieron sancionados por Estados Unidos o por la Unión Europea, y que ocho de ellos aspiran a un puesto en el máximo tribunal del país.

Nota metodológica. El aviso del Comité de Postulaciones Judiciales circuló sólo como imágenes, por lo que los 1.343 registros se transcribieron con lectura asistida por inteligencia artificial y se revisaron a la vista los de cada persona citada. Las cédulas se buscaron en la lista SDN de la OFAC y en la lista consolidada de sanciones de la Unión Europea descargadas el 20 de noviembre de 2026, y en una base de 11.209 designaciones de la Gaceta Oficial entre enero de 2020 y octubre de 2026. De las 1.343 cédulas, 1.128 se encontraron en el Registro Electoral de 2023.

Cazadores de Fake News y El Pitazo invitan a los usuarios a aportar más información sobre la lista de ciudadanos postulados y permanecen abiertos a solicitudes de réplica de las personas mencionadas. Esta publicación podrá actualizarse a medida que surjan nuevos datos verificados sobre las candidaturas.

Metodología

Cazadores de Fake News investiga cada caso mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.

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