El informe Freedom on the Net 2025 revela un deterioro significativo de la libertad en Internet en Venezuela durante el periodo electoral y la ola represiva que siguió a los comicios presidenciales de julio de 2024
El bloqueo de más de 200 dominios web, la persecución sistemática de usuarios por contenido en redes sociales y la conversión de WhatsApp en objetivo de vigilancia estatal definieron el entorno digital venezolano durante 2024. El informe Freedom on the Net 2025, divulgado este 13 de noviembre por Freedom House, ubica a Venezuela en la categoría «No Libre», señalando que los ciudadanos venezolanos carecen de acceso garantizado a información sin censura y enfrentan riesgos reales por expresar opiniones críticas en plataformas digitales.
Para efectos de la evaluación, Freedom House utiliza una escala de 100 puntos, donde 100 representa la máxima libertad en Internet y 0 la mínima. Con una calificación de 26 puntos —cuatro puntos por debajo de la evaluación de 2024— Venezuela tiene uno de los puntajes más bajos en la región de las Américas, quedando en el segundo peor lugar tras Cuba, con 21 puntos.
En paralelo, la evaluación de libertad en derechos políticos y civiles reflejada en el informe Freedom in the World 2025, sitúa al país con apenas 13 puntos de 100 —dos puntos menos respecto al informe del año pasado— evidenciando un colapso generalizado de las libertades fundamentales más allá del ámbito digital.
Según el reporte, el declive de la libertad en internet se enmarca en el contexto político. Tras las elecciones presidenciales de julio 2024 —donde Nicolás Maduro se declaró vencedor mientras la oposición publicó actas que mostraban el triunfo de Edmundo González Urrutia— el oficialismo desplegó un aparato de represión digital que combinó bloqueos técnicos, reformas legales punitivas, detenciones masivas y campañas de intimidación.
Este informe, basado en denuncias e investigaciones realizadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 por organizaciones independientes, destaca que este ciclo represivo no sólo amplió la censura preexistente, sino que introdujo mecanismos inéditos de control social mediante herramientas digitales, transformando el ecosistema en línea en un espacio de riesgo permanente para la ciudadanía.
Bloqueos masivos de plataformas y medios digitales
Freedom on the Net 2025, destaca que la organización no gubernamental VE sin Filtro reportó más de 200 dominios bloqueados entre julio de 2024 y enero de 2025, un periodo que coincidió con el inicio de la campaña electoral y la cuestionada toma de posesión de Maduro. Entre los sitios web bloqueados se encontraban aquellos creados por la oposición para publicar sus copias de las actas electorales.
El informe también señala que durante el periodo de análisis se registraron interrupciones localizadas de conectividad a Internet que coincidieron con los discursos de la líder opositora María Corina Machado, lo que resultó en una disminución de la puntuación en el indicador de control gubernamental sobre la infraestructura de Internet.
Adicionalmente, el gobierno bloqueó varios sitios web, servicios de mensajería y redes sociales después de las elecciones como Signal, y la plataforma X cuya restricción fue ordenada en agosto de 2024 durante 10 días, pero el bloqueo se mantiene hasta la fecha. Mientras TikTok sufrió restricciones temporales en enero de 2025.
A partir de agosto de 2024, más de 60 medios digitales habían sido bloqueados arbitrariamente, junto con al menos 9 sitios que discuten temas de derechos humanos. Hasta mayo de 2025, permanecían bloqueados 61 sitios de medios independientes.
Operación Tun-Tun: Detenciones masivas y terror digital
“Las autoridades lanzaron la Operación Tun-Tun para detener arbitrariamente y en masa a disidentes percibidos”, dice el informe. Esta campaña utilizó las redes sociales para difundir videos de arrestos y confesiones forzadas con el objetivo de disuadir a los venezolanos de asistir a protestas antigubernamentales o manifestarse en línea.
Asimismo, recalca que durante el periodo de cobertura, numerosas personas fueron detenidas arbitrariamente por expresar disidencia percibida en redes sociales o en conversaciones en la plataforma de mensajería WhatsApp. Las detenciones se extendieron a periodistas, trabajadores de la prensa y activistas defensores de derechos humanos.
Algunas de las personas detenidas por sus actividades en línea fueron desaparecidas forzosamente, incluyendo a Carlos Correa, director ejecutivo de la organización Espacio Público, quien estuvo desaparecido durante ocho días antes de ser liberado en enero de 2025. Esta situación llevó a una disminución en la puntuación relacionada con la intimidación y violencia física vinculada a actividades en línea.
Pese a las restricciones de espacios digitales, el oficialismo intentó manipular la conversación en distintas plataformas digitales, particularmente en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Tales operaciones incluyeron intentos de difamar y desacreditar a la oposición, así como el uso de comportamiento inauténtico coordinado para promover narrativas progubernamentales. Estas tácticas de desinformación sofisticadas evidencian el aparataje de influencia que el gobierno ha construido para controlar el espacio digital venezolano.
Nuevas leyes restrictivas: Ley Simón Bolívar y normativas contra ONG
El documento recuerda que en agosto de 2024 la Asamblea Nacional aprobó una ley que permitiría al gobierno disolver organizaciones no gubernamentales si se descubre que promueven discursos de odio o fascismo vagamente definidos, o que participan en actividades políticas.
Posteriormente, en noviembre de 2024, fue aprobada la Ley Simón Bolívar que, entre otras disposiciones, somete a los medios digitales que «promuevan» medidas coercitivas o restrictivas contra Venezuela a multas sustanciales, y permite que se revoquen las licencias de operación de dichos medios.
“La ambigüedad del texto legal suscitó preocupación ante la posibilidad de que los sitios de noticias fueran castigados simplemente por publicar información sobre sanciones internacionales”, registra Freedom on the Net.
VenApp: De aplicación de servicios a herramienta de delación
El informe señala que después de las elecciones presidenciales, el régimen de Maduro anunció una nueva funcionalidad en VenApp, una aplicación desarrollada por el Estado que supuestamente fue creada en 2022 para recibir y atender quejas de servicios públicos. En agosto de 2024, el gobierno transformó radicalmente la aplicación para permitir al público reportar protestas políticas y disidentes a las autoridades.
Aunque Apple y Google eliminaron la aplicación de sus tiendas, el gobierno y sus partidarios fomentaron el uso de otras plataformas digitales para informar sobre manifestantes. Esta transformación de una aplicación de servicios en una herramienta de delación representa una de las tácticas más preocupantes del régimen para fomentar la vigilancia ciudadana mutua.
Como parte de esta estrategia de intimidación, las instituciones gubernamentales lanzaron una campaña destinada a mostrar al público las consecuencias de criticar al gobierno en redes sociales. La táctica incluyó publicar videos de arrestos y de detenidos disculpándose públicamente por haber criticado a Maduro, creando un efecto disuasivo entre la población.
Freedom House también registra el uso de la aplicación de mensajería WhatsApp como uno de los principales focos de vigilancia y persecución durante el periodo postelectoral. En agosto de 2024, Nicolás Maduro afirmó públicamente que la aplicación estaba siendo utilizada para amenazar al gobierno e instó a los ciudadanos a dejar de usarla.
Sin embargo, las autoridades venezolanas anunciaron posteriormente una investigación contra personas que supuestamente enviaron «mensajes de odio» antigubernamentales a través de la aplicación. “Numerosas personas fueron detenidas arbitrariamente por expresar opiniones críticas sobre las elecciones en estados y conversaciones de WhatsApp”, dice en el texto, lo que constituyó una invasión sistemática de la privacidad de las comunicaciones personales. Esta vigilancia sin precedentes transformó una de las herramientas de comunicación más utilizadas por los venezolanos en un espacio de riesgo permanente.
13 puntos en libertades políticas y civiles
Por su parte, el informe Freedom in the World 2025, que evalúa las libertades políticas y civiles en general, posiciona a Venezuela como uno de los países menos libres del mundo con un indicativo global de 13 puntos sobre 100, reflejando un colapso generalizado de los derechos fundamentales en todos los ámbitos.
La evaluación registra que la puntuación de Venezuela en libertad de expresión personal descendió de 1 a 0 puntos debido a que “los arrestos, intimidación y otras represalias por expresar disidencia aumentaron dramáticamente después de las elecciones presidenciales, a menudo provocados por vigilancia estatal de la actividad en redes sociales o acusaciones de vecinos».
Este documento reporta que sentencias ejemplarizantes —como la condena a 15 años de prisión contra el activista opositor Nelson Piñero por comentarios en redes sociales que criticaban al gobierno— junto con el clima general de represión, ha generado un entorno de autocensura donde periodistas, activistas y ciudadanos comunes temen represalias legales o detenciones arbitrarias por expresar críticas al gobierno o compartir contenido políticamente sensible.
Los resultados de los informes de Freedom House 2025 evidencian que Venezuela experimentó uno de los periodos más oscuros en términos de libertad durante el ciclo electoral de 2024. La combinación de bloqueos masivos de más de 200 dominios, detenciones arbitrarias por actividad en línea, manipulación informativa sin precedentes, nuevas leyes restrictivas, y el uso de aplicaciones estatales como herramientas de delación configuran un aparato de represión digital sin precedentes en la historia reciente del país.
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