Aunque los bonos de PDVSA se disparan ante la posibilidad de un cambio de gobierno, muchos inversionistas continúan presionando por un alivio de sanciones para Maduro. La explicación es esta.
La Hora de Venezuela
Uno de los aspectos más difíciles de la crisis venezolana es lo inútil que resulta analizar la situación del país a través de lentes ideológicos tradicionales. Esto es especialmente evidente cuando se habla de la enorme y en mora deuda externa venezolana. No es ningún secreto que algunos de los mayores tenedores de bonos venezolanos hacen lobby activamente para lograr un alivio de sanciones para la administración de Maduro. Pero, ¿por qué Wall Street no se alinea con la oposición pro-mercado y firmemente vinculada a Occidente que lidera María Corina Machado, después de que Maduro incumplió los bonos hace casi una década?
Durante los años del boom petrolero, el chavismo se acercó a los grandes bancos de inversión para emitir miles de millones de dólares en bonos —tanto de la República como de la estatal petrolera PDVSA— con los cuales financiar programas sociales fastuosos, opacos y económicamente insostenibles. El gobierno cumplió puntualmente con esos pagos hasta que cayó en default en 2017, en ocasiones mediante recortes brutales a las importaciones de alimentos y medicinas que afectaron gravemente a los venezolanos. En el punto más crítico de la crisis económica, Maduro mantuvo un canal de comunicación con los tenedores de bonos. Incluso intercambió parte de los bonos pendientes por uno nuevo con vencimiento más lejano y con el incentivo adicional de un colateral sobre las acciones de la empresa matriz de Citgo, entonces valorada en miles de millones. El infame bono Citgo 2020.
El gobierno interino de Juan Guaidó cuestionó la validez de ese bono Citgo 2020, ya que no había sido aprobado por la Asamblea Nacional entonces controlada por la oposición. El gobierno interino incluso demandó por la ilegalidad del bono ante una corte estadounidense. Esa posición firme ahuyentó a los tenedores de deuda venezolana, quienes temían que, en una eventual transición, la oposición desconociera la deuda del país y que, por tanto, era mejor apostar por un alivio de sanciones y una reestructuración bajo Maduro. Un escepticismo que se mantiene hasta hoy.
Muchas cosas han cambiado desde 2020. En ese entonces, existía un gran interés en proteger a Citgo de los tenedores de bonos. Sin embargo, la pérdida de Citgo es ahora un fait accompli, tras la autorización de un juez estadounidense para vender la empresa y pagar la deuda venezolana pendiente. Además, el bono Citgo 2020 fue declarado válido y ejecutable. Ya casi podríamos decir que Venezuela perdió Citgo. Por otro lado, la posibilidad de que Maduro logre obtener fondos para una reestructuración es tan remota como la de que reconozca los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.
Los pagos de bonos venezolanos en default ascienden a unos 60.000 millones de dólares. La probabilidad de que el chavismo logre reunir un monto siquiera cercano a ese, incluso con un alivio de sanciones, es nula. El país sigue aislado de los mercados internacionales; es improbable que reciba un paquete de asistencia del Fondo Monetario Internacional; y la última vez que un gran banco de inversión participó en una operación de deuda vinculada con Venezuela, terminó inmerso en un escándalo reputacional. Los únicos aliados del régimen con cierta capacidad económica son Rusia —cuyas finanzas sangran por la guerra en Ucrania— y China, que ha dejado claro que no financiará al chavismo nuevamente. Para que Venezuela pueda reunir los recursos necesarios para iniciar una reestructuración seria, requiere asistencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional —y aplicar las condiciones macroeconómicas que acompañan sus rescates—, además de un gobierno democrático que no espante a Wall Street.
La verdad es que esta situación es completamente absurda. A pesar de las posturas de la oposición —que estuvieron justificadas durante la era del interinato para impedir que el régimen siguiera empeñando las finanzas del país—, cualquier gobierno de transición necesitará desesperadamente acceso a los mercados internacionales para financiar el gasto monumental que exige la recuperación nacional. Además, es seguro que buena parte de la comunidad internacional y quienes controlan la chequera —es decir, el FMI— presionarán a una futura administración para que reconozca los bonos pendientes y opte por una reestructuración negociada. Emprender una estrategia quijotesca de desconocer la deuda existente enviaría la peor señal posible a los mercados sobre cualquier cambio en el desastroso manejo económico del país.
El chavismo fue electo hace 27 años bajo promesas populistas y revanchistas. Y ellos procedieron a empeñar al país para ganar elecciones mientras lo destruían. Los venezolanos no quedamos exentos de responsabilidad. Como país, debemos enfrentar nuestros errores. Los actores internacionales no nos librarán del desastre económico chavista solo porque ellos fueron los villanos: el mundo no funciona así. Esto implica sincerarse con los tenedores de bonos y desarrollar una estrategia seria y completa para abordar el problema de la deuda externa durante la transición, mientras se reinserta al país en lo que queda del orden internacional.
Para los bonistas, esto significa abandonar la fantasía de que recibirán un solo centavo con Maduro en el poder. Les convendría dejar de retuitear a Laura Loomer e Indira Urbaneja, aprender la lección sobre las consecuencias de creer en las promesas del chavismo y defender sus propios intereses.
