La propaganda del perdón que impulsó una amnistía sin reconocer el daño causado

Cientos de presos políticos venezolanos comenzaron a salir de las cárceles semanas antes de que existiera una ley que lo ordenara. El 19 de febrero, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía y Delcy Rodríguez la promulgó en el Palacio de Miraflores, el gobierno convirtió el proceso en un acto de reconciliación nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Comunicación e Información (Mippci) publicó un video en el que se anunciaba que ese perdón iba dirigido a quienes decidieran «abandonar el camino de la violencia y el extremismo».

Este es el tercer y último texto de una serie sobre la estrategia comunicacional que la administración de Delcy Rodríguez y otros actores gubernamentales desplegaron durante febrero para promover la Ley de Amnistía. Aquí analizamos el acto de promulgación del 19 de febrero y el video que el Mippci publicó esa misma noche, una pieza que usó el lenguaje del perdón y la reconciliación sin reconocer el daño causado.

La equivalencia que intentó absolver al Estado

El 19 de febrero se ejecutó la fase final de una estrategia comunicacional que venía siendo impulsada desde el inicio del mes. La misma lógica que había sostenido la promesa de Jorge Rodríguez del 6 de febrero en Zona 7 y el acto encubierto de la bandera pintada en la UCV del 12, se hizo evidente ese día en el acto de promulgación: la equivalencia entre víctimas y victimarios dejó de ser un recurso emocional para obtener mayor peso.

En el acto de promulgación, Delcy Rodríguez enmarcó la ley como un proceso en el que «todos los actores políticos» debían desprenderse de intolerancia, asegurando que algunos casos excluidos serían abordados por la Comisión de Revolución Judicial. Esta comisión es presidida por Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela y quien figura como coacusado —junto a Nicolás Maduro, Cilia Flores y otros— en los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Como titular de esa cartera, Cabello tiene mando directo sobre el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), instituciones a las que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas les atribuye detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza —en el caso del Sebin, también torturas—, los mismos abusos que la ley busca remediar.

Equiparar a víctimas y victimarios es una variante de la falsa equivalencia, una técnica de propaganda que asigna responsabilidades simétricas a partes que no ocupan posiciones equivalentes. En este caso, el Estado —responsable de las violaciones documentadas— quedó ubicado en el mismo plano que quienes las sufrieron.

Delcy Rodríguez pronunció su discurso en el Palacio de Miraflores, flanqueada por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. En un acto destinado a aprobar una ley con la que se liberaría a personas cuyos derechos habían sido violados por el Estado, introdujo una narrativa que los señalaba como posibles responsables de las consecuencias políticas del país: «sabemos que muchas veces la violencia con fines políticos llevó a crímenes de odio, y que esos crímenes de odio llevaron también a justificar agresiones externas contra Venezuela».

Una frase central de su discurso ilustra esa misma lógica: «hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón». Las detenciones, las torturas y las muertes bajo custodia documentadas por la Misión de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Foro Penal, entre muchas otras organizaciones, fueron cometidas por el Estado, no por quienes protestaban contra él.

Antes de salir libres por la Ley de Amnistía, los presos políticos ya estaban siendo equiparados con sus captores.

Martha Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón, una organización formada en reconciliación con la Fundación de Reconciliación de Colombia, señala la contradicción que esa equivalencia no puede resolver: «El Estado es quien viola los derechos humanos, no un individuo. Si el Estado ha impulsado esa violencia política institucional, ¿cómo es que somos ahora víctimas por igual?».

Lo que la propaganda llama «perdón»

La noche del 19 de febrero, el Mippci publicó un video que reunió en una sola pieza los recursos comunicacionales y las narrativas que el oficialismo había desplegado en sus campañas de enero y febrero, incluyendo la impulsada en torno a la Ley de Amnistía.

El video abre con un extracto del discurso de Jorge Rodríguez del 5 de febrero sobre la prisión, tortura y muerte de su padre. El mismo recurso emocional que había abierto el debate de la ley fue reutilizado el día de su aprobación. También retomaba la frase del perdón familiar que su madre envió a Carlos Andrés Pérez después del asesinato.

En el video también aparece una voz en off femenina que asegura que el perdón sin reservas del Estado iba dirigido a quienes decidieran «abandonar el camino de la violencia y el extremismo», una formulación que categoriza a los beneficiarios como violentos o extremistas antes de concederles el beneficio.

El concepto jurídico de amnistía implica lo contrario, es decir, reconocer que hubo una persecución injusta. Para Tineo, el video de propaganda publicado por el Mippci invirtió los términos técnicos del concepto: en un proceso de reconciliación real, no es el Estado quien otorga el perdón: «El perdón es un ejercicio voluntario del ofendido o de la víctima, no del lado del opresor o del victimario».

Ese mismo día, organizaciones de derechos humanos señalaron que la ley dejaba sin respuesta los tres derechos fundamentales de las víctimas: verdad, justicia y garantía de no repetición. El video del Mippci no los menciona; encuadra el proceso como un acto de celebración nacional. «Si no reconoces el daño, no puedes cesar en esas violaciones y repararlas», agrega Tineo.

El bastón de mando y el rostro del padre

El video publicado por el Mippci el 19 de febrero contiene un par de escenas que podrían pasar desapercibidas, pero que están relacionadas con narrativas suficientemente importantes para el oficialismo como para invertir un esfuerzo adicional en desarrollarlas con cuidado especial.

Dos elementos que venían siendo construidos desde antes abren y cierran la pieza. El primero es una animación del rostro del padre de Jorge Rodríguez creada a partir de una fotografía en blanco y negro de los años 70, que retomaba el aval moral del sufrimiento familiar. El segundo, un breve plano de Delcy Rodríguez apretando con ambas manos el bastón de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una imagen que proyecta el cierre del debate sobre quién manda actualmente en Venezuela.

Una marca de agua SynthID de Google confirma que ambas escenas fueron procesadas con inteligencia artificial. Son escenas construidas sintéticamente para acentuar dos de los conceptos claves que busca proyectar el video: autoridad y legitimidad.

Para Tineo, lo que el video llama reconciliación omite sus condiciones básicas: reconocer el daño, comprometerse a repararlo y garantizar la no repetición. «Usar la palabra reconciliación de esta manera es un muy lamentable ejercicio de manipulación comunicacional«.

Los mecanismos que generaron a los presos que la ley pretende liberar —el Sebin, el CPNB, la Comisión presidida por Cabello— siguen intactos. Según el Foro Penal, al 2 de marzo, 526 personas permanecían en distintos centros de reclusión por motivos políticos.