La audiencia fue diferida por razones de seguridad y logística relacionadas con el traslado de los procesados
Por Jeanfreddy Gutiérrez para Cazadores de Fake News
El 17 de junio de 2026 se hicieron virales publicaciones en diferentes plataformas, en las que se asegura que el Departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de la Fiscalía de Nueva York, solicitó posponer la audiencia de Cilia Flores y Nicolás Maduro del 30 de junio al 22 de julio, porque “goza de inmunidad y la acusación no tiene base fáctica ni territorial”.
La investigación de Cazadores de Fake News determinó que la afirmación es engañosa. Una búsqueda con palabras clave arrojó que la audiencia sí fue aplazada pero por razones de logística y seguridad, a petición de la Fiscalía y la propia defensa de Maduro y Flores.
En conjunto, las tres publicaciones en X, Instagram y Threads, obtuvieron 1.100 me gusta y 332 compartidos.
Una búsqueda en Google con la frase “DOJ solicitó posponer la audiencia Maduro del 30 de junio al 22 de julio.” arrojó diversos reportes de medios nacionales e internacionales (1, 2, 3), confirmando que el fiscal federal Jay Clayton envió la petición de aplazamiento, que fue aceptada por el juez federal Alvin K. Hellerstein, a cargo de la corte del Distrito Sur de Nueva York.
Los artículos rastreados coinciden en señalar que en el documento con el que se pidió el aplazamiento, firmado por la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa legal de Flores y Maduro, explican que el cambio de fecha busca evitar “problemas de programación y logística relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad”.
Así mismo, el texto legal pedía excluir estos 24 días extras de los tiempos consignados por la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act). Según la Fiscalía, el objetivo del aplazamiento es seguir entregando nuevas pruebas a la defensa, así como darle suficiente tiempo a los abogados para revisar el extenso material de la acusación así como las mociones que podrían presentar antes del juicio.
Esto contradice el argumento del bulo que asegura que la petición legal fue por una presunta inmunidad presidencial de Nicolás Maduro o por la falta de pruebas en su contra.
Sin inmunidad por jurisprudencia y falta de reconocimiento
Sobre la posible desestimación de cargos por la inmunidad procesal al ser un Jefe de Estado, un reportaje de la Agencia AP —publicado el 4 de enero de 2026, un día después de la captura de Maduro— detalla que distintas sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, algunas desde el siglo XIX, le dan autoridad al gobierno de ese país de perseguir y procesar extranjeros, incluso con dudas sobre la legalidad de su estancia en el país.
Estas potestades incluyen la posibilidad de hacer “secuestros forzosos” fuera del territorio de EE. UU. por la violación de sus leyes nacionales, como sucedió con la captura del dictador panameño Manuel Noriega en 1989, seis meses después de la publicación de un dictamen legal del entonces fiscal general adjunto Bill Barr.
El reportaje incluye un comentario de Richard Gregorie, fiscal federal retirado que acusó a Noriega y luego también investigó la corrupción durante la administración de Maduro: “No podemos reclamar inmunidad soberana si no lo reconocemos como jefe de Estado”. Esta opinión legal también fue difundida por medios en marzo de 2020, después de las primeras acusaciones formales contra Maduro por narcotráfico, cuando surgió el debate de la inmunidad presidencial así como la falta de reconocimiento oficial de EE.UU.
El 23 de enero de 2019 Estados Unidos reconoció oficialmente al diputado Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, como presidente interino legítimo de Venezuela, tras haber rechazado la validez de los resultados de las elecciones presidenciales de 2018. Posteriormente, en noviembre de 2024 reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
El 31 de enero de 2025 el presidente Donald Trump reiteró, como antes su gobierno lo hizo ante la ONU, que no reconocía a Maduro como presidente e incluso lo consideraba un “fugitivo de la justicia”, a pesar de enviar a Richard Grenell como enviado especial a Caracas. Posteriormente, el 12 de marzo de 2026 reconoció la autoridad de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, calificándola en una carta “única jefa de Estado” de Venezuela.
La acusación formal del Gran Jurado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fechada el 3 de enero de 2026, señala que Maduro «anteriormente fue presidente de Venezuela y ahora, tras haberse mantenido en el poder a pesar de las derrotas en las recientes elecciones, es el gobernante de facto, aunque ilegítimo, del país.»
Descarta la violaciación al derecho a la defensa
Por otro lado, el juez Hellerstein ya ha negado desestimar el caso a pesar de las repetidas peticiones de la defensa por la presunta violación de derechos por el bloqueo de fondos del gobierno de Venezuela para pagarles.
A finales de abril de 2026 el tribunal autorizó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) diera una licencia sobre las sanciones que permita que se usen fondos de la República de Venezuela para pagarle a sus abogados, después de considerar que no habían buenas alternativas y porque consideró que no había amenazas a la seguridad nacional por permitir este pago.
El aplazamiento de la tercera audiencia de Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York no fue pospuesta por su inmunidad como Jefe de Estado, sino por razones de seguridad y logística. Desde 2019 Estados Unidos no lo reconoce como presidente, sino como “gobernante de facto pero ilegítimo”, lo que permite su persecución y procesamiento judicial, según sentencias de la Corte Suprema de ese país.
Cazadores de Fake News investiga cada caso mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
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