A leguas de viaje submarino parecen haberse quedado las pruebas de lo ocurrido con la narcolancha que zarpó de la costa venezolana la mañana del 2 de septiembre. La Hora de Venezuela añade contexto a cada una de las interrogantes que dejó la explosión de la embarcación, ordenada por Trump, en algún lugar del Mar Caribe
Por La Hora de Venezuela
Un video muestra el instante: una narcolancha supuestamente venezolana y tripulada por la banda criminal “Tren de Aragua”, vuela en pedazos tras una explosión. A estas alturas, ni siquiera se conoce si lo que produjo el estallido fue un misil o un dron. Solo se sabe que los autores son los militares estadounidenses que el presidente de ese país, Donald Trump, desplegó en el Caribe en ocho buques que pretenden contrarrestar el tráfico de drogas en la región. Y eso porque fue una de las pocas pistas que dio al anunciar el incidente la tarde del 2 de septiembre.
Pero el resto de la información es poco clara, difusa. Los datos del hecho parecen haberse hundido como un cofre del tesoro en altamar. Se desconoce cuánta droga y de qué tipo se transportaba en la embarcación. No se ha informado quiénes son los 11 tripulantes que murieron en el ataque. Tampoco se han dado las coordenadas del lugar donde ocurrió el hecho. Y mucho menos se ha aclarado si los militares actuaron en su propia defensa o si cometieron un crimen al olvidarse de los códigos que controlan el uso de la fuerza letal.
Mientras el mundo se hace preguntas, los defensores de derechos humanos condenan la acción y la mayoría de los gobiernos de la región se mantienen en silencio, los responsables de la explosión se defienden al asegurar que asestaron un duro golpe al “narcoterrorismo” que hizo que miles de kilos de droga tomaran un viaje submarino.
Así son las «narcolanchas»
El gobierno estadounidense distribuyó un video en blanco y negro sobre el hecho que, aunque borroso, deja una estela de certezas sobre la embarcación que recibió el bombazo.
Las imágenes constatan que se trata de una lancha rápida, también conocida como go fast, con cuatro motores fuera de borda. Es el mismo tipo de «narcolanchas» usadas para trasladar droga desde la costa colombiana hacia el Pacífico y el Caribe, y también del norte de África hacia Europa, las cuales han sido reseñadas ampliamente por la prensa en ese continente.
En España, por ejemplo, la tenencia de este tipo de embarcaciones está prohibida desde 2018 por considerarse delito de contrabando. En julio de 2025, las fuerzas de seguridad españolas y portuguesas desmatelaron la mayor red de fabricación de narcolanchas, que son capaces de alcanzar los 70 nudos de velocidad, lo que se traduce en unos 130 kilómetros por hora.
Una nota del medio 20 Minutos describió a las narcolanchas que llegan al Estrecho de Gibraltar como «embarcaciones neumáticas rígidas o semirrígidas y pesadas» (alrededor de cinco toneladas), hechas de fibra de vidrio y resina o polímero. Tienen, en promedio, 12 metros de longitud y pueden transportar hasta tres toneladas de droga.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) señaló en su informe anual de 2024 que la «débil gobernanza marítima y la corrupción en los puertos» son aprovechados por los carteles de la droga para mover grandes cantidades de sustancias ilícitas a través de rutas en el mar.
Sin coordenadas
Aunque el presidente de Estados Unidos aclaró que la embarcación había salido desde Venezuela, que tiene más de 4.000 kilómetros de costas, no detalló cuál había sido el lugar exacto de la explosión. Apenas mencionó que había ocurrido en aguas internacionales de la «SouthCom area», es decir, en la zona del Comando Sur de los Estados Unidos que abarca Centroamérica, Suramérica y el Caribe, e incluye alrededor de 31 países.
Sin embargo, una declaración del Secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, puso la mira en el destino de la narcolancha: «esta droga probablemente se dirigía a Trinidad o algún otro lugar del Caribe», dijo la tarde del 2 de septiembre.
Ese destino está ligado a la actividad que desde 2018 mantienen grupos criminales como el Tren de Aragua en el estado Sucre, en el oriente venezolano, específicamente en la Península de Paria, desde donde salen narcolanchas hacia Trinidad & Tobago, pero también hacia Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Barbados, Martinica y otros enclaves del Caribe. Así lo señala la escritora y periodista de investigación Ronna Rísquez en su libro «El Tren de Aragua».
En Paria, el Tren de Aragua controla pueblos de los municipios Mariño (San Juan de las Galdonas, San Juan de Unare, Guarataro), en el norte de la Península, y Valdez (Güiria y Río Salado), al sur, detalla Rísquez en su libro. Pero también revela que quienes se encargan del traslado de la droga en altamar son los locales: los que conocen bien el mar, muchos de ellos antiguos pescadores a quienes el narco les arrebató la costa.
Si bien la mayoría de los gobiernos de la región ha guardado silencio, hay algunos que no: este es el caso de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien celebró que Trump ordenara volar por los aires a la narcolancha. ”La masacre de nuestro pueblo está alimentada por los malvados traficantes de los cárteles. No siento ninguna compasión por los traficantes; el Ejército estadounidense debería eliminarlos a todos violentamente”, aseguró.
¿11 muertos?
Otra incógnita sobre el ataque es quiénes son las 11 personas que iban en la embarcación cuando explotó, pues no se han divulgado sus identidades. La única pista que ha dado el gobierno de Donald Trump es que se trata de «narcoterroristas del Tren de Aragua», que fue designada como una “Organización Terrorista Extranjera” y que, según el primer mandatario estadounidense, opera “bajo el control de Nicolás Maduro”.
Según el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes estaban bajo su mando en esta operación sabían «exactamente quién estaba en ese barco», lo que hacían y a quiénes representaban. Sin embargo, ningún nombre ha salido a la luz
Además de no identificar a quiénes mataron, surgen dudas sobre el número de caídos en la operación. Para Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, consultora especializada en seguridad nacional y crimen organizado en Latinoamérica, en las «go fast» solo suelen ir entre dos y tres personas, mientras que en los sumergibles o semisumergibles la cantidad de tripulantes sube a nueve. ¿Por qué en esta lancha iban 11?
Farah, quien fue entrevistado en La Conversa de ARI la noche del 2 de septiembre, añadió que el procedimiento que suele aplicarse con las lanchas rápidas es que se les detiene, se incauta la droga, se apresa a los tripulantes y se envían a su país de origen. «No hay indicios de que esa lancha recibiera una advertencia», apuntó el consultor.
¿Guerra contra el terrorismo o acto criminal?
La legalidad de la acción ejecutada por Estados Unidos contra presunta narcolancha ha sido puesta en entredicho por exfuncionarios del gobierno norteamericano y organizaciones defensoras de derechos humanos como Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que alertó que este es un hecho inédito «en más de 35 años de participación militar en la interdicción de drogas en el Mar Caribe».
La institución publicó este miércoles un comunicado en el que señaló que «determinar la legitimidad y legalidad del uso de la fuerza en este caso dependerá de las respuestas fácticas a numerosas preguntas» que no se han aclarado, como por ejemplo, si las fuerzas militares estadounidenses intentaron comunicarse con los tripulantes de la embarcación, si efectuaron disparos de advertencia o si pretendieron inutilizar el motor con un proyectil. Además, dice el texto, se debe saber si quienes estaban a bordo de la go fast habían amenazado a los militares estadounidenses como para justificar que estos actuaron en defensa propia.
La misma organización subrayó que si los uniformados hicieron uso indebido de la fuerza, «los responsables, especialmente en los niveles de mando político y militar, deben rendir cuentas ante el sistema de justicia penal estadounidense y en virtud del Código Uniforme de Justicia Militar. El Congreso de Estados Unidos también debe exigir a la Administración que revele todos los hechos relevantes».
El documento firmado por WOLA destacó que «el uso de fuerza letal bajo sospecha de actividad ilegal» viola más de un siglo de normas nacionales de Estados Unidos e internacionales, dirigidas específicamente para «operaciones marítimas contra embarcaciones civiles en aguas internacionales», las cuales «prohíben explícita o implícitamente el uso de fuerza letal cuando no hay justificación de legítima defensa».
«Estas medidas incluyen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, el Manual de San Remo sobre Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar, el Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa, y las Reglas Permanentes de Enfrentamiento y las Reglas Permanentes para el Uso de la Fuerza del Estado Mayor Conjunto», detalló el texto.
Juan González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de Joe Biden, sentenció que el ataque militar estadounidense «es legalmente cuestionable» porque el gobierno de Trump se atribuye así la potestad de hundir cualquier barco vinculado con el tráfico de drogas.
«Destruir un barco en el mar sin abordarlo o verificar abre las puertas a la tragedia», dijo el experto vía X, quien también recalcó que es la Guardia Costera de ese país, y no la Marina estadounidense, la que posee el entrenamiento y equipamiento para actuar en estos casos.
«Combatir el narcotráfico es vital. Pero debemos hacerlo de forma legal, responsable y con herramientas diseñadas para ello. En cambio, el Gobierno está desperdiciando una fortuna en teatro político que no contribuirá al objetivo de combatir el narcotráfico ni a derrocar a Maduro», opinó.
Para Farah, el gobierno de Trump se escuda en la “guerra contra el terrorismo” que Estados Unidos libra desde que ocurrió el atentado contra las Torres gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001.
Anteriormente, dijo el experto, la declaración de un grupo criminal como terrorista, era usada, con mucha cautela, contra grupos radicales islámicos. Pero ahora Trump designa así a cualquier cartel de la droga. Bajo ese paraguas, los militares estadounidenses tienen un margen mayor para actuar y más “posibilidad” de maniobrar sin transparencia.
“Me imagino que por eso dicen que era del Tren de Aragua, porque eso justifica cualquier cosa, porque eran terroristas y tenían esa autoridad. En términos normales, que ya no existen, eso sería un acto criminal”, acotó Farah.
Ñañez, el factchecker
En la noche del 2 de septiembre, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, acusó a Estados Unidos de usar inteligencia artificial para crear el video que mostraba el ataque contra la narcolancha. Según el funcionario, a través del uso de la herramienta de IA de Google, Gemini, confirmó que el audiovisual tenía señales de haber sido generado artificialmente. La declaración la hizo vía redes sociales e incluso la publicó en X, donde no posteaba desde agosto de 2024, cuando Maduro ordenó que los chavistas abandonaran la aplicación de Elon Musk.
Al respecto, el equipo de factcheckers de Cazadores de Fake News echó por tierra la acusación de Ñañez y señaló que Gemini no es la herramienta adecuada para hacer este tipo de verificación. Además, resaltó que las herramientas actuales para detectar IA lanzan falsos negativos y falsos positivos, por lo que es imprescindible utilizar varias aplicaciones para llegar a un análisis certero.
El comentario de Ñañez es apenas un rumor en el mar de silencio en el que el oficialismo hundió sus declaraciones. Ni Maduro ni el resto de sus funcionarios han reaccionado sobre el hecho, ni siquiera para desmentir que la lancha salió de territorio venezolano o rechazar la idea de que pertenecía al Tren de Aragua.
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