La santificación del médico venezolano no fue el resultado de gestiones políticas. Su causa avanzó durante gobiernos de distintos signos políticos a lo largo de más de 70 años y siguió el riguroso protocolo que exige la Iglesia Católica para declarar la canonización
En redes sociales como X y TikTok circula una serie de videos en los que varios usuarios vinculados con redes de amplificación de propaganda gubernamental agradecen a Nicolás Maduro por haber gestionado la canonización del Dr. José Gregorio Hernández. En estos contenidos se destaca, particularmente, el primer encuentro que Maduro sostuvo con el papa Francisco el 17 de junio de 2013 en el Vaticano, ocasión presentada como el inicio de su supuesta intervención en el proceso de canonización.
La investigación de Cazadores de Fake News determinó que la información es engañosa. La canonización del médico venezolano es un acto estrictamente religioso regido por leyes propias de la Santa Sede. En el procedimiento no hay lugar para gestiones gubernamentales ni civiles.
El encuentro entre Nicolás Maduro y el papa Francisco el 17 de junio de 2013 es un hecho documentado, así como la entrega de la estatuilla del Dr. José Gregorio Hernández. Sin embargo, este gesto protocolar no establece ninguna causalidad sobre el dictamen canónico de la causa, el cual depende exclusivamente de peritajes médicos y teológicos, así como de la decisión pontificia, todo ello regulado estrictamente por las normas de la Santa Sede.
Además, en las fuentes vaticanas oficiales no figura ninguna mención del papa Francisco a José Gregorio Hernández durante esa audiencia. La narrativa de que Maduro solicitó formalmente la canonización en ese encuentro proviene únicamente de relatos posteriores del propio Maduro, funcionarios gubernamentales y voceros oficialistas.
Otras publicaciones impulsadas desde cuentas institucionales afirman que Maduro habría enviado “no menos de diez cartas” al Papa Francisco a través del padre Numa Molina, gestos que supuestamente “sensibilizaron” al Pontífice para acelerar la canonización. Sin embargo, el padre Numa Molina no forma parte de los órganos de gobierno de la Iglesia en Venezuela y no tiene ninguna capacidad de intervención en los procesos eclesiásticos formales que rigen las canonizaciones.
La difusión de estos contenidos forma parte de una campaña de propaganda coordinada con la que se intentó presentar la canonización como un «logro del gobierno» de Nicolás Maduro. Esta narrativa distorsiona el sentido profundamente eclesial y pastoral del reconocimiento, convirtiendo el acto religioso en una herramienta de promoción política.
76 años de gestión eclesial
La proclamación de san José Gregorio Hernández este 19 de octubre de 2025 en la Basílica de San Pedro no fue el resultado de gestiones políticas. Fue, en cambio, el punto final de un camino que comenzó hace más de siete décadas y que siguió el estricto protocolo que la Iglesia Católica exige para declarar santo a cualquier persona religiosa.
Tres instancias de la Iglesia Católica trabajaron coordinadamente durante décadas para llevar a cabo el máximo hito en el catolicismo venezolano. En primer lugar, la Arquidiócesis de Caracas es la institución eclesial que inició la causa en 1949 y la condujo durante toda la fase diocesana; recopilando documentos, testimonios y evidencias sobre la vida y las virtudes del Dr. José Gregorio Hernández. Esta arquidiócesis es lo que en términos canónicos se llama el “actor de la causa”, es decir, quien la impulsa desde el origen.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que agrupa a todos los obispos del país, presentó y acompañó oficialmente la causa ante el Vaticano, sostuvo la devoción popular en Venezuela y se encargó de mantener viva la memoria del ahora santo mientras avanzaba el proceso en Roma. Y la Postulación en Roma, ejercida por la postuladora Silvia Correale, quien es la responsable técnica de tramitar todo ante el Dicasterio, preparar la documentación y coordinar cada etapa del procedimiento.
En Venezuela, esta labor se complementó durante años con la figura del vicepostulador, rol que desempeñó monseñor Tulio Ramírez, encargado de coordinar localmente la recopilación de pruebas y el seguimiento de las investigaciones médicas y teológicas.
Ninguna de estas figuras es de carácter gubernamental. Todas son instancias eclesiásticas, nombradas y reconocidas por la Iglesia según sus propias normas internas.
Proceso regido por leyes propias de la Santa Sede
Las canonizaciones tienen un procedimiento establecido hace siglos que garantiza seriedad y rigor. Primero se investiga la vida de la persona, luego se analizan sus virtudes, después se verifican científicamente los milagros atribuidos a su intercesión, y finalmente teólogos y cardenales emiten su voto antes de que el Papa tome la decisión final en un consistorio, que es una reunión formal con los cardenales.
Todo esto está regulado por documentos oficiales de la Santa Sede, como la constitución apostólica Divinus perfectionis Magister y la instrucción Sanctorum Mater, que dejan claro quiénes pueden participar en el proceso y cómo debe desarrollarse. En ninguna parte de estas normas aparece la figura de un “gestor gubernamental” ni existe precedente de que la Santa Sede reconozca a un presidente o autoridad civil como responsable de una canonización.
El gobierno del país de origen de la causa solo puede intervenir en el plano civil, es decir, facilitar exhumaciones, traslados de reliquias, aduanas y logística, así como garantizar custodia durante visitas o actos formales. La instrucción “Las reliquias en la Iglesia” (2017) ordena “observar la legislación civil local” antes de cualquier operación, mientras la Sanctorum Mater exige buscar pruebas “en los archivos de todos los lugares” donde vivió el Siervo de Dios, lo que supone apertura y colaboración de archivos públicos por parte del Estado.
No es cierto que gracias a la gestión de Nicolás Maduro se logró la canonización del Dr. José Gregorio Hernández. La santificación del médico venezolano fue un acto estrictamente religioso tras 76 años de investigación y verificación de su causa por parte de la Arquidiócesis de Caracas, la Conferencia Episcopal Venezolana y la Postulación en Roma, asignadas por la Santa Sede. En este procedimiento no hay lugar para gestiones gubernamentales.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
