La herramienta tiene nuevas categorías de denuncias: “defensa del país” y “alteración del orden interno”
La plataforma digital del gobierno de Nicolás Maduro llamada VenApp, lanzada en el año 2022, recientemente incorporó nuevos renglones para recibir denuncias ciudadanas en las categorías “defensa del país” y “alteración del orden interno”.
En respuesta a una solicitud de Nicolás Maduro realizada el 21 de octubre, la incorporación de estas categorías en la herramienta —presentada en un principio como una solución tecnológica para gestionar reportes ciudadanos sobre fallas en servicios públicos en Venezuela— se traduce en una medida de control social e informativo implementada en el país.
Además de las categorías “defensa del país” y “alteración del orden interno”, incorporadas en calidad de renglones, la aplicación posee otras subcategorías también agregadas en esta última versión: difusión de información falsa con fines maliciosos; presencia de personas sospechosas en el territorio nacional; avistamiento de drones; presencia de grupos armados en las fronteras del país; alteración del orden público; daños al patrimonio público; cierre de vías públicas; manifestaciones violentas.
La iniciativa que se convirtió en una campaña de terror
Durante la crisis postelectoral de 2024 se usaron varias herramientas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro, como VenApp y CC200, y grupos de Telegram administrados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, con el propósito de recibir denuncias sobre focos violentos y “fake news”, así como la promoción de delaciones, algunas de ellas impulsadas de forma simultánea a la «Operación Tun Tun«.
Esto último provocó un aumento de la represión en las calles, con cientos de detenciones arbitrarias, agudizando la desmovilización ciudadana y las violaciones de derechos humanos en el país. Expresarse en chats o historias de WhatsApp llevó a la detención de cientos de venezolanos tras ser acusados de “incitar al odio”, aunque muchos de sus mensajes no tenían una influencia o viralidad significativa.
Otras personas, incluyendo menores de edad, fueron buscadas y acusadas de participar en actividades “terroristas” a partir de delaciones sin sustento probatorio, realizadas en un grupo de Telegram administrado por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana. El periodista venezolano Luis Gonzalo Pérez fue denunciado en el mismo grupo como el responsable de “entregar drogas” in situ, sin presentar ninguna prueba.
Además de este grupo de personas, otras fueron acusadas de “incitar al odio” o “difundir fake news”, sin que pudiera atribuirse a ellas la autoría de sus contenidos ni evaluarse si sus publicaciones realmente incitaron o desinformaron de forma relevante. Al mismo tiempo, el gobierno difundió desinformación, “fake news” sobre los resultados electorales y sobre los venezolanos asesinados en las calles debido a la represión policial y militar.
Algunos funcionarios llegaron a asegurar que personas que en efecto habían sido asesinadas en las calles, en realidad estaban vivas y habían simulado su muerte. Un ejemplo de esto fue el del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Aludiendo que fueron fingido, el funcionario desacreditó los hechos violentos, afirmando que se utilizó salsa de tomate para simular heridas.
Otro caso conocido fue el del asesinato de Aníbal José Romero Salazar en la parroquia Antímano, al oeste de Caracas, el 29 de julio de 2024 durante la ola de protestas posteriores a las elecciones presidenciales, hecho que fue negado por Nicolás Maduro, al presentar en pantalla el video de un joven que decía ser Aníbal Romero y aseguraba que su muerte había sido fingida.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
