A las 5:00 de la tarde del 9 de enero de 2025, Johanny Méndez recibió una llamada anónima: “Unos guardias se llevaron detenido a Gabriel por guarimbero”, escuchó del otro lado de la línea. Luego colgaron. Pensó que era un error: su sobrino, de apenas 16 años, trabajaba como panadero y, ese día, luego de su jornada laboral, había salido al médico porque llevaba días con tos y fiebre.
La Hora de Venezuela
Era un momento incómodo. Más bien, un mal rato. Una de esas escenas que luego se recuerdan como un trago amargo, como una pésima jugada del destino. ¿Cómo celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero? ¿Había realmente algo que celebrar? Era una noche triste en esa casa de Cabudare, estado Lara.
Johanny Méndez puso en la mesa un bizcocho de vainilla recubierto de crema blanca y azul, que había encargado para cantarle el cumpleaños a su sobrino Gabriel, quien ese 19 de junio, en su cumpleaños 17, estaba ausente. Llevaba 5 meses detenido. Y por más que la familia insistió, la juez que llevaba su caso les impidió celebrar juntos.
Aquella noche, la familia dejó una silla vacía en la mesa, encendieron velas y apagaron las luces.
“Ay que noche tan preciooosaaaa… Es la noche de tu díííaaa…”.
Nunca antes la canción del cumpleaños había parecido tan paradójica.
“Yo por mi parte deseeeooo… Lleno de luz ese díííaaa…”.
La brisa de la noche hacía titilar las velas.
“Y ruego a Dios porque pases… Un cumpleaños feliiiz”.
Un cumpleaños feliz, ese deseo incumplido.
Esta historia comenzó 5 meses antes, exactamente a las 5:00 de la tarde del 9 de enero de 2025, cuando Johanny recibió una llamada anónima. “¿Será Gabriel?”, se preguntó. “¿Será que se quedó sin batería y pidió un teléfono prestado para llamar?”, pensó al ver el número desconocido. Atendió de inmediato:
—Aló.
—Unos guardias se llevaron detenido a Gabriel por guarimbero —escuchó al otro lado de la línea.
Después, quien llamaba colgó.
¿Quién era? ¿Cómo era posible que unos guardias hubieran detenido a su sobrino de tan sólo 16 años? Él le había dicho a la tía que, al terminar su jornada laboral (por esos días de asueto navideño estaba trabajando en una panadería, entusiasmado con la idea de ganar su propio dinero), iría al médico por la tos y la fiebre que no se le habían quitado en semanas.
“No tiene sentido —pensó la tía— debe ser un error”.
Sin embargo, se preocupó, y con razón. Ese día el país estaba sumido en una bruma de tensión política: al día siguiente, 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro asumiría un nuevo período presidencial, pese a que los resultados electorales del 28 de julio de 2024 habían sido cuestionados por la ciudadanía y la comunidad internacional. Y pese a que el Consejo Nacional Electoral aún no hacía público los escrutinios, mesa por mesa, como exige la legislación. Edmundo González, quien de acuerdo con las actas electorales recolectadas por la oposición había resultado ganador de la contienda, había anunciado que volvería al país, luego de exiliarse en España.
La gente revivía un trauma reciente: luego del 28 de julio de 2024, aquel domingo en que Nicolás Maduro fue anunciado como ganador, mucha gente se volcó a las calles para protestar y hubo una ola represiva inédita por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Organizaciones civiles documentaron al menos 1 mil 650 detenciones en menos de un mes, de las cuales más de 100 eran adolescentes: adolescentes como Gabriel.
Tan pronto como pudo, Johanny salió a tratar de dar con el paradero de su sobrino. Y fue así como comenzaron estas horas cargadas de ansiedad, incertidumbre y miedo que, meses después, no terminan.
Johanny era la única de la familia que podía dar la cara por su sobrino, quien estaba a cargo de la abuela desde que la madre de Gabriel migró un par de años atrás. Fue al Destacamento 123 del sector La Montañita, en Cabudare, y allí no le dieron información. Entonces, allegados a la familia le recomendaron que se pusiera en contacto con organizaciones de la sociedad civil que podrían ayudar.
Eso hizo. Abogados de dos ONG le explicaron que haberle negado información era una vulneración a los derechos humanos. Y que a Gabriel lo debían presentar en tribunales en máximo 48 horas, frente a su familia y con un abogado defensor en el que él confiara.
Johanny se fue a la Fiscalía, en Barquisimeto, la capital del estado Lara, para preguntar por su sobrino. Esperó el resto del día y tampoco obtuvo respuestas. Ya muy de noche, más preocupada aún, volvió a casa.
Al día siguiente, 10 de enero, regresó a la Fiscalía. Esta vez los funcionarios le dijeron que no se llevaría a cabo la audiencia de presentación de su sobrino, porque no había electricidad. Y que tenía que esperar.
Johanny y otros familiares siguieron esperando en las afueras de la Fiscalía durante casi dos días. Hasta que, a la medianoche del 12 enero, le permitieron entrar. Sintió un poco de alivio; pensó que, al fin, iba a ver a su sobrino.
Pero a quien encontró dentro fue a la defensora pública que le habían asignado a Gabriel.
—Ya el chamo tuvo su audiencia de presentación: le imputaron los delitos de terrorismo, promoción e incitación al odio y cierre de vías —le informó la mujer.
—Ya va… Pero sus familiares estamos acá esperando desde hace días y no nos dejaron entrar.
—Ya se presentó ante un juez, señora. En unas horas lo llevarán al Centro Socioeducativo Profesor Aristóbulo Istúriz —respondió la abogada, refiriéndose al centro penitenciario del estado Lara para adolescentes en conflicto con la ley.
—Pero no estuvo ningún familiar.
—Sí, bueno…
—Pero eso es ilegal… No estuvo ningún familiar. ¡¿Cómo es posible?!
Al verla alterada, la abogada le contó a Johanny sobre la situación de Gabriel, que, hasta ese momento, desconocía.
De acuerdo con la versión de la defensora pública, aquella tarde del 9 de enero él estaba caminando por una avenida en la que había una protesta ciudadana espontánea. Seis guardias nacionales lo rodearon y lo detuvieron. ¿La razón?
—Vieron que tenía pinta de guarimbero. Lo van a juzgar como a un adulto —intervino un policía que se incorporó a la conversación—. Eso es un castigo por andar de guarimbero.
¿Pinta de guarimbero? Ese día Gabriel vestía como cualquier día: llevaba bermudas y un suéter negro para paliar los escalofríos de la fiebre.
—¡Tranquila, chica! Si se porta bien le darán tres meses de detención y listo… —le dijo el policía.
—¿Qué debo hacer para que él esté libre, aunque sea para que se gradúe con su promoción, para celebrar su cumpleaños?
—Él debe solicitar su libertad.
Johanny salió molesta, ansiosa y triste. Tenía la convicción de que su sobrino no había hecho nada malo. Lo conocía bien. Era un joven noble, con sueños. Un chico que anhelaba graduarse de bachiller con sus amigos. Que le encantaba la panadería y jugar béisbol. Que tenía la ilusión de viajar a Colombia a conocer a unos primos con los que siempre hablaba. Gabriel no era alguien que normalmente se animaría a protestar en la calle.
Por todo eso Johanny dudaba de esa versión que le acababan de contar. Pero si fuera el caso, los abogados de las ONG le insistieron en que protestar no era un delito; era más bien un derecho refrendado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
Los abogados también le explicaron que el sistema de justicia venezolano estaba vulnerando a Gabriel y a su familia al impedirles tener un abogado privado. Y le dijeron que, al ser acusado de terrorismo, posiblemente lo trasladarían a Caracas, porque sólo en esa ciudad están los jueces designados para esos casos.
Johanny y su familia tenían que comprar el uniforme que Gabriel debía usar mientras estuviera privado de libertad (monos de color azul marino y chemises de color azul claro) e ir al centro penitenciario a llevarle comida y medicinas. Y días después de la audiencia de presentación, supo que la abogada pública que le asignaron había renunciado al caso y otra asumió su lugar.
“Esto será muy cuesta arriba”, pensó Johanny sin entender muy bien el laberinto legal en que se encontraban.
De acuerdo con la ley venezolana, la audiencia preliminar —en la que el juez decide si admite la acusación y abre el juicio oral, o si archiva el caso o decreta un sobreseimiento— debió realizarse en menos de 15 días luego de la acusación ante el juez de control. En este caso, fue el 17 de febrero, 35 días después de la audiencia de presentación. La familia no pudo entrar. Esperaron afuera hasta que la abogada les dijo que él no había aceptado los cargos que se le imputaban, y que la juez había determinado que debía comenzar un juicio oral, que harían por videollamadas, porque la juez estaba en Caracas.
A lo lejos, Johanny vio cuando sacaron a Gabriel del tribunal y lo hicieron subir en un carro. Ella lo notó pálido. Pero sus ojos oscuros y almendrados sonrieron al verla. “Vas a salir y te vas a graduar pronto. No te voy a abandonar”, pensó ella.
Días después, Johanny le preguntó a varios funcionarios cómo podía hacer Gabriel para seguir sus estudios; y les insistió en que era un buen alumno, que llevaba un promedio de 17 puntos. “No voy a permitir que me trunquen su educación”, les dijo. Y resultó: luego de tramitar varios permisos, logró que le entregaran las asignaciones escolares para que las hiciera.
Más tarde, la directiva de su colegio pidió testificar: alzar la voz, dejar claro que Gabriel era un chico con buena conducta, pero los funcionarios se lo negaron porque, dijeron, sólo los que estuvieron presentes en la detención podían hablar.
Las audiencias en la fase del juicio oral también debían ocurrir cada 10 o 20 días. Pero cada semana Johanny iba al tribunal en Barquisimeto y los funcionarios le decían que no se podían realizar por los cortes de electricidad. Sin electricidad no podían hacer la videollamada con la juez. Hasta que finalmente el 18 de marzo se llevó a cabo el inicio del juicio oral, un mes después de la fase preliminar.
AJohanny le negaron la entrada, pero pasó todo el día en las afueras del tribunal, hasta que en la noche pudo ver a su sobrino:
—No he hecho nada malo, no he violado ningún mandato de Dios —le dijo Gabriel mientras se abrazaban—. Me he puesto a hacer las tareas que me mandas, de verdad me quiero graduar.
Y aprovechó para contarle todo lo que le había pasado.
Ese 9 de enero, Gabriel caminaba por las calles de Cabudare. Estaba regresando de su último día de trabajo vacacional como panadero cuando seis motos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo rodearon. Él se quedó paralizado. Los GNB bajaron con armas de fuego y le preguntaron por qué estaba guarimbeando. Él dijo que iba al médico, pero no le creyeron.
Lo detuvieron, le contaron después que por tener “una pinta de guarimbero”, por llevar short y suéter negros.
Su fiebre aumentó en el centro de reclusión. Hicieron que un médico lo examinara. Le diagnosticaron una infección pulmonar, pero no le dieron un informe clínico. Le indicaron antibióticos, antiinflamatorios, expectorantes y nebulizadores; medicamentos con los que mejoró.
Gabriel no paró de repetirle a su tía que él era inocente, hasta que los policías los separaron.
Como parte del juicio, la corte debía llamar a los seis guardias para que dieran su versión de los hechos. La audiencia estaba pautada para el 1ro de abril de 2025. Pero se pospuso: Nicolás Maduro había anunciado un nuevo “esquema de racionamiento” del servicio eléctrico porque las hidroeléctricas que surten al país estaban casi secas y no podían generar suficiente energía para el país. El nuevo esquema lo llamaron “1×1”: las instituciones públicas trabajarían de forma interdiaria a partir del 1ro de abril.
Movieron la audiencia para el 14 de abril.
Ese encuentro también fue cancelado: esta vez los funcionarios dijeron que no podían trabajar por el asueto de Semana Santa, que empezó días antes por órdenes inmediatas de la Vicepresidencia de Maduro. Y no le avisaron a la familia de Gabriel cuándo sería la nueva fecha para la audiencia.
Johanny se enteró a través de una llamada anónima de un funcionario que Gabriel había tenido la audiencia el 23 de abril. La familia ni la abogada lo sabían. Sin titubear, después de esa llamada, decidió correr hasta el tribunal para ver a su sobrino, pero ya la audiencia había concluído y le dijeron que no había avances en el caso. Le dijeron que la próxima audiencia sería el 8 de mayo: también la suspendieron porque ese era un día no laborable, de acuerdo con el esquema “1×1”.
Fue el 30 de mayo cuando al fin los 6 guardias pudieron testificar. Johanny esperó en las afueras de los tribunales para volver a abrazar a su sobrino.
—No entiendo lo que pasa —le dijo Gabriel en voz baja—. La juez me dijo que yo tenía que explicarle lo que había pasado, porque cada guardia tenía una versión completamente diferente de lo que pasó.
Gabriel le relató que, mientras un GNB decía que lo habían arrestado a las 3:00 de la tarde del 9 de enero, otro decía que el arresto había sido a las 4:00. Uno decía que Gabriel tenía palos, piedras, cauchos y gasolina, pero otro decía que el adolescente no tenía nada.
Gabriel le contó que sólo pudieron hablar cinco de los seis funcionarios porque uno de ellos no tenía una cédula de identidad ni registro fiscal, requisitos necesarios para hablar ante la corte.
—Sé que es difícil, pero quédate tranquila. Estoy bien. Dicen que van a abrir una panadería dentro del retén, pienso amasar allí para no perder la práctica. Estoy seguro de que me graduaré dentro de poco y celebraré con ustedes y el salón.
La abrazó más fuerte y le prometió que iba a hornear su propia torta de cumpleaños.
En ese momento, los policías le recordaron que debían separarse.
—Eso sí, quémame ese suéter negro. No lo quiero ver más.
Los policías les dijeron que debían esperar una nueva audiencia para que el guardia que no tenía cédula consiguiera una y pudiera testificar. La siguiente audiencia fue el 5 de junio, seis días después de la última presentación, pero el funcionario no acudió con una cédula de identidad nueva.
Agendaron una nueva audiencia para el 17 de junio.
El 10 de junio, Johanny preguntó si era posible que alguno de sus familiares visitara al adolescente el día de su cumpleaños, que se acercaba. El día 19 cumpliría 17 años. Y le dijeron que sí. Fue entonces cuando la tía encargó un bizcocho para honrarlo.
Llegó el 17 de junio y la audiencia ocurrió sin avances: el GNB seguía sin documentos de identidad para testificar.
El 18 de junio en la mañana, los funcionarios llamaron a Johanny para decir que habían cancelado la petición de la familia de celebrar el cumpleaños de Gabriel. Johanny preguntó en la Fiscalía por qué negaron la petición de repente, pero no obtuvo respuesta. Pese a la noticia, decidió ir a recoger la torta junto a la hermana del muchacho.
Celebraron en la casa, sin Gabriel, como un acto para renovar sus ánimos.
“Si él aún tiene esperanza en que saldrá pronto, yo no voy a perderla”, repetía mientras picaba el pastel. Guardaron un trozo para llevárselo.
El 20 de junio los guardias del centro de reclusión le dijeron a Johanny que Gabriel había comido su torta en soledad. Ella aún conserva el suéter negro, esperando que sea él quien decida qué hacer con él, cuando todos juntos prueben la dulzura de la libertad.
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