Este aparato de comunicación ha sido uno de los pilares para consolidar su proyecto político. Bukele, quien por tradición familiar se ha desempeñado en el rubro de la publicidad, utiliza su experiencia en la persuasión de audiencias para destacar sus logros, neutralizar a sus voces críticas y moldear el debate público.
Por: Infodemia
En resumen:
- Entre 2019 y julio de 2026, el Gobierno de Nayib Bukele y cerca de 200 entidades públicas en manos del bukelismo adjudicaron al menos US$ 76 millones en publicidad y consultoría mediática.
- Con estos recursos, el Ejecutivo salvadoreño contrató agencias vinculadas a la familia Bukele y señaladas en el caso de corrupción del expresidente Antonio Saca.
- Más de un centenar de instituciones pagaron US$ 1,36 millones en publicidad a Diario El Salvador, un medio oficialista que, según las verificaciones de Infodemia, ha difundido información falsa y engañosa.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele y diversas instituciones públicas controladas por el oficialismo adjudicaron al menos US$ 76,6 millones de fondos estatales para financiar una robusta maquinaria de publicidad y de consultoría mediática durante los últimos siete años, incluidos contenidos desinformantes, pagos a empresas vinculadas a la familia Bukele y contrataciones a empresas investigadas previamente por corrupción, según procesos de compra y contratos de la administración revisados por Infodemia.
Bukele, publicista de 45 años, ha utilizado su experiencia en el ramo y las plataformas digitales para consolidar su marca política dentro y fuera del país. Analistas señalan que la centralización de sus mensajes se ha visto favorecida por el control que ejerce sobre distintas instituciones del Estado.
Entre junio de 2019 y los primeros siete meses de 2026, fondos públicos de distintas dependencias estatales se canalizaron a agencias privadas para desarrollar campañas nacionales e internacionales, pautas en medios, gestión de redes sociales, montaje de eventos y monitoreo de noticias para cerca de 200 entidades del Estado.
Los datos analizados revelan una tendencia general al alza desde que Bukele asumió el poder. En sus primeros seis meses de gestión se erogaron aproximadamente US$ 2,6 millones. La cifra subió a US$ 17,3 millones en 2025 y entre enero y julio de 2026 ya alcanzó US$ 19,7 millones, la cifra más alta registrada en su administración.
El presupuesto destinado a la proyección de la imagen estatal contrasta con prioridades de inversión social. Los US$ 19,7 millones canalizados en 2026 superan los US$ 500 mil asignados al Programa de Erradicación de Pobreza a nivel nacional.
El uso de fondos públicos para publicidad es, además, difícil de rastrear. La Presidencia salvadoreña mantiene su gasto directo bajo reserva y no registra sus compras en los sitios públicos desde 2019. En 2021, la presidencia declaró reservada por cinco años toda la información sobre publicidad por considerar que su divulgación podía generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero. Casa Presidencial tampoco respondió a solicitudes de información de Infodemia.
Al cierre de la edición de esta investigación, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia pidió una aclaración a una solicitud de acceso a información pública sobre el gasto del Ejecutivo en publicidad.
Sin embargo, para reconstruir este rompecabezas financiero, un equipo de periodistas revisó más de 2.154 procesos de dos fuentes: Comprasal, sitio de la extinta Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), y el registro de adjudicaciones de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC).
Como parte de un esfuerzo por la transparencia, Infodemia pone a disposición de sus lectores la base de datos íntegra de la investigación, permitiendo explorar de forma interactiva los montos erogados, las corporaciones proveedoras y las entidades estatales contratantes. La base registra más de 2.000 adjudicaciones entre unas 410 empresas y personas naturales proveedoras de servicios de comunicación y marketing.
El Gobierno favorece a familia presidencial
En septiembre de 2019, el Ministerio de Salud adjudicó a OBERMET, empresa vinculada históricamente a la familia Bukele, un contrato por más de US$ 108 mil para servicios de comunicación, apenas tres meses después de haber asumido la presidencia de El Salvador.
Los términos incluían publicidad impresa, difusión aérea, gestión de agencias de medios, monitoreo de satisfacción e inserción de pauta comercial.
Fundada en 1978, OBERMET ha estado vinculada a los Bukele y personas de su confianza. Según exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia citados en el reportaje, Nayib Bukele fue representante de la agencia entre 2004 y 2012 y luego traspasó sus acciones a su hermano Karim Bukele. El sistema Comprasal indica que la UACI no cargó la versión pública del documento de contratación.
Casa Presidencial no respondió a una solicitud de comentario realizada por Infodemia, señalando el conflicto de interés. Tampoco se logró establecer contacto con OBERMET.
Sin embargo, no es la primera vez que la empresa vinculada a la familia Bukele es cuestionada por, supuestamente, ser beneficiada con adjudicaciones de contratos con instituciones públicas.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sídney Blanco, comentó en el programa Focos que, entre 2012 y 2016, OBERMET ganó 38 licitaciones con instituciones públicas pese a que Nayib Bukele era alcalde de San Salvador y la ley prohíbe a un miembro del consejo ofertar en licitaciones de administración pública.
El jurista dijo que Bukele habría cometido un fraude, al realizar un acto simulado para cumplir un mandato legal, ya que, para poder ofertar, el actual presidente debió estar desvinculado de la empresa de una forma objetiva, real y demostrable, pero no lo hizo, puesto que recibió dinero en concepto de donaciones familiares que no declaró ni pagó impuestos.
En julio de 2018, el entonces Fiscal General, Douglas Meléndez, informó que había iniciado una investigación contra Nayib Bukele por no justificar el orígen de ingresos por US$ 846 mil.
La Fiscalía, ahora presidida por Rodolfo Delgado, un funcionario leal a Bukele, no respondió a la consulta sobre los avances de la investigación en contra del mandatario.
US$ 1,36 millones en publicidad para un medio oficialista que desinforma
Más de un centenar de instituciones estatales aportaron fondos públicos para comprar espacios de publicidad en Diario El Salvador, registrado como El Diario Nacional.
Entre octubre de 2020 y enero de 2024 se emitieron 361 contrataciones por US$ 1,36 millones. Las compras incluyeron edictos, anuncios, convocatorias, suscripciones y resultados de licitaciones; 275 contrataciones fueron por montos inferiores a US$ 500.
La Corte Suprema de Justicia, órgano cooptado desde 1 mayo de 2021, aparece como el principal contratante en los datos rastreados, con US$ 504 mil en tres contratos.
Diario El Salvador ha difundido información falsa, engañosa, manipulada o fuera de contexto, además de contenidos que resaltan logros gubernamentales y cuestionan a voces críticas, según verificaciones realizadas por Infodemia.
Entre los ejemplos revisados, el Diario El Salvador difundió en en 2022 falsamente un dato sobre la baja en la tasa de homicidios y en 2023 engañosamente la cantidad de días que el país llevaba con “cero homicidios”, ya que la cifra usada por el Diario no contaba todos los homicidios y omitía las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos armados con la Policía y la Fuerza Armada, así como tampoco incluía las muertes de privados de libertad bajo custodia del Estado.
También desinformaron sobre cuestiones históricas. El periódico afirmó en 2022 que el Ejército y el FMLN habían firmado en 1992 una amnistía por crímenes de guerra, cuando los Acuerdos de Paz pusieron fin al conflicto y la amnistía fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 1993.
Y lo mismo sucedió en la cobertura electoral de 2024. El Diario señaló que la oposición pedía contar votos nulos como válidos, aunque la petición era exhibirlos para verificar su clasificación.
El Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Leopoldo Maldonado, dijo que la distribución discrecional de fondos públicos puede usarse como “censura” contra medios críticos.
“Tiende a utilizarse este presupuesto como premio o mordaza. Es decir, premiar las líneas editoriales que finalmente son favorables al gobierno en turno y castigar a las que no lo son”, comentó Maldonado a Infodemia.
Añadió: “Es necesario establecer parámetros con base en derechos humanos para que no se esté utilizando recursos públicos vía publicidad oficial, precisamente para desinformar o para mentir. Siempre eso es un equilibrio muy delicado. Pero lo que sí se puede establecer son ciertos parámetros y ciertas condicionantes”, comentó el relator Maldonado a Infodemia.
Casa Presidencial no respondió a una solicitud de información sobre la línea editorial y el contenido desinformante en Diario El Salvador.
También hay un influencer involucrado
La empresa LARED del influencer Porfirio Chica recibió al menos dos contratos por un valor de US$ 255 mil para servicios de consultoría en estrategia publicitaria en medios digitales y dar a conocer los programas de dos instituciones públicas (el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial -ANIA-).
El beneficiario final de la asignación es Porfirio de Jesús Chica Argueta, un exdiputado suplente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ahora en la oposición, y un personaje cercano al expresidente Elías Antonio Saca, que gobernó 2004-2009.
En su cuenta de X, Chica se define como un influenciador de redes sociales, mientras que en la foto de portada de su perfil hace publicidad a una marca de café premium e indica que aceptan bitcoin y la billetera digital Chivo, que fue el proyecto insignia de Bukele cuando estableció la cripto como moneda de curso legal en 2021.
En sus abundantes publicaciones en la red social, Chica exalta y defiende las políticas de Bukele, ataca a la oposición y a periodistas y reflexiona sobre política internacional. La empresa LARED no respondió a una solicitud de información de parte de Infodemia.
Según una investigación periodística de El Faro, Chica es un operador político y de medios de comunicación que en 2015 coordinó una red de opinadores que incluye analistas, políticos, columnistas para respaldar la candidatura a la reelección del exfiscal Luis Martínez, quien fue condenado en 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de investigación.
Además, Chica es mencionado en una serie de audios de conversaciones entre varios operadores políticos, entre ellos los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Antonio Saca (2004-2009), que se reunían, entre otros objetivos, a planificar ataques a adversarios.
Este grupo fue señalado por supuestamente obtener de forma ilegal información clasificada en la fiscalía salvadoreña y de Estados Unidos para afectar al expresidente Francisco Flores (1999-2004), de acuerdo a una investigación de la revista Factum.
De Saca a Bukele: algunas agencias ya fueron investigadas por la Justicia
Durante un juicio en su contra en agosto de 2018, el expresidente Antonio Saca (2004-2009) confesó que durante su mandato varias empresas de publicidad y comunicaciones participaron en un entramado de desvío de fondos públicos. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Saca a 10 años de prisión por el desvío y lavado de dinero de US$ 300 millones de fondos públicos para beneficio propio y de terceros, incluyendo su antiguo partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Empresas que fueron acusadas de supuestamente de participar en esta red de corrupción durante la presidencia de Saca, también figuran como contratistas del Gobierno de Nayib Bukele.
Lemusimún Publicidad es la segunda empresa más beneficiada en el período analizado: recibió US$ 9,4 millones distribuidos en 25 contratos publicitarios. Esta agencia está vinculada a José Antonio Lemus Zaldívar (figuró como su representante legal en 2010), quien junto a sus hijos han enfrentado acusaciones por el presunto delito de lavado de dinero y activos en el marco del ‘caso Saca’.
America Publicidad es la sexta empresa que más fondos obtuvo en el período analizado, ya que consiguió 19 adjudicaciones por un valor de US$ 3.15 millones. En su momento, la Fiscalía General, dirigida entonces por Douglas Meléndez, solicitó embargar a America Publicidad, como parte de las investigaciones del presunto lavado de parte de los millones sustraídos por el expresidente Saca, condenado por peculado y lavado de dinero.
En la actualidad, esta empresa se encuentra bajo dominio del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), una entidad que controla bienes muebles, inmuebles, vehículos y dinero que el Estado confisca a redes de narcotráfico, pandillas, corrupción o lavado de dinero.
La Casa Presidencial, el CONAB y la empresa Lemusimún no respondieron a una solicitud de información realizada por Infodemia.
El muro de la opacidad institucional
Especialistas en transparencia consultados por Infodemia advirtieron que, pese a la exhaustividad del análisis, la base estatal puede contener vacíos que impiden determinar el gasto total.
Los analistas sostienen que en los últimos años se ha profundizado la falta de acceso a información mediante portales de transparencia desactualizados y declaratorias de reserva.
La falta de divulgación de contratos también entra en tensión, según el reportaje, con compromisos de transparencia asumidos por El Salvador en el marco de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Se seguirán realizando esfuerzos para mejorar la información financiera pública, la transparencia sobre la titularidad real y los mecanismos de rendición de cuentas, en consonancia con las mejores prácticas internacionales”, señaló el FMI el 3 de septiembre luego de realizar revisiones sobre el acuerdo.
El mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos ha documentado este desmantelamiento de los mecanismos de fiscalización en un informe sobre el clima de inversión en El Salvador.
“En agosto de 2020, el presidente Bukele firmó un decreto que permitía la presentación de ofertas para servicios contractuales por correo electrónico y eliminaba la obligación de los licitadores de registrarse en línea en el sistema de compras públicas (Comprasal)”, señala el documento oficial de Washington.
El informe añade que dicha medida “eximió a los funcionarios de compras de la responsabilidad de mantener un registro de las empresas y personas que reciben los documentos de licitación”, señaló.
Este es un resumen de una investigación realizada por Infodemia que se incluye dentro de “Los Desinformantes”, una serie de reportajes sobre grupos que esparcen contenidos engañosos en la región coordinada por LatamChequea, la red de verificadores latinoamericanos.
