Lexys Rendón y Andrés Antillano señalan que el control excesivo en las calles afecta el tejido social. La socióloga advierte que la subordinación a lo militar consolida un «Estado cuartel». El psicólogo destaca que el Estado ha aumenta la coerción sobre la sociedad
Por La Hora de Venezuela
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se ha hecho permanente la presencia de la Guardia Nacional (GNB), efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de los distintos cuerpos policiales en las calles del país, principalmente Caracas, sede de los Poderes Públicos.
Esa presencia se ha visto profundizada a partir del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico desde mediados de agosto. El chavismo dice sentir la amenaza de una incursión extranjera para deponer a la administración de Nicolás Maduro y asegura que EEUU quiere apoderarse de los recursos naturales del país.
Las alcabalas de cualquier organismo de seguridad, a cualquier hora, se han hecho habituales al menos para los conductores caraqueños, así como la presencia de uniformados en las entradas de las estaciones del Metro y otros espacios públicos, incluso parques como Los Caobos y El Calvario en el centro de la capital.
Los funcionarios de la Dgcim hacen recorridos portando pasamontañas y armas largas, que lucen intimidantes ante la ciudadanía que los observa con recelo mientras caminan o usan el transporte público, con destino a sus hogares, centros de estudios, hacer deportes o cualquier otra actividad.
Más que una militarización por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en las calles, advierten expertos consultados por Efecto Cocuyo, es la militarización de los cuerpos policiales (cumplir tareas más allá del orden público) para el control de la población. También, que una mayor y permanente presencia de funcionarios en las calles no es sinónimo de menos delitos y expone a los civiles a un mayor riesgo de violaciones de derechos humanos.
Coerción sobre la sociedad
Carolina sube las escalinatas del Calvario como ejercicio. De pronto, el martes de la semana pasada al voltear tenía a dos funcionarios de la Dgcim que subían también los escalones; casi a su lado y con los rostros cubiertos con pasamontañas y sus armas largas. Ya había escuchado en boca del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la noche de las elecciones municipales (27 de julio) que habría un patrullaje constante de calles y avenidas del país para “preservar el orden”, pero no dejó de sorprenderle la escena que acababa de presenciar.
“Quieren que la gente sienta miedo y no intente nada”, pensó.
Por la avenida circulan con frecuencia patrullas de la Dgcim provenientes de la avenida Sucre vía El Silencio, mientras que casi a diario otro grupo, también con pasamontañas y armas largas, en la plaza O’Leary.
El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha dicho que quien “no ande en nada raro” no tiene por qué temer. Pero hay testimonios de presos políticos postelectorales que indican que sus familiares fueron apresados solo por andar en el lugar equivocado, es decir, cerca de una protesta contra los resultados anunciados por el Poder Electoral a favor de Maduro. Estas personas permanecen detenidas sin derecho a un abogado privado, pese a la falta de pruebas de los delitos de los cuales se les acusa, mayormente terrorismo y traición a la patria. “Hay una importante militarización de los cuerpos policiales, en el cambio de su relación con la ciudadanía. Pasa también en otros países de América Latina, donde las policías que deben ser civiles, tienen un perfil militar en sus funciones. Esa militarización fomenta la desconfianza de la gente hacia los órganos de seguridad, crece el miedo”, sostiene el psicólogo social Andrés Antillano.
El máster en sistema penal y problemas sociales advierte que lejos de buscar disuadir conductas delictivas, el control militar y policial las moldea; es decir, “tolera unos delitos y persigue otros”, en especial si se trata de la disidencia política.
“Uno de los efectos en la gente es que teme a la discusión pública, al debate. Teme protestar, reclamar y los sectores más desfavorecidos son los más vulnerables. El Estado ha aumentado su capacidad de coerción sobre la sociedad, ha dejado poco espacio para que se exprese, lo cual es muy peligroso porque puede buscar formas de escapar de ese control coercitivo”, expresó Antillano.
El 10 de octubre, día en que la líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha democrática, caraqueños admitieron a la Hora de Venezuela que “celebraban en silencio” por miedo a ser vistos o escuchados.
Antillano subraya que un efecto a largo plazo del excesivo control sobre la sociedad es el debilitamiento del tejido social y de las prácticas democráticas.
“No es verdad que la mano dura termine con el delito. Las brechas sociales se hacen más grandes, se genera una inmensa frustración, se agrede a la vida pública y social, base de una democracia viva y pujante”, alertó.
“Estado cuartel”
Este 21 de octubre, Maduro ordenó crear una app, con participación de la Fanb, para que las personas puedan reportar “todo lo que ven y lo que oyen” (denuncias, reportar problemas cotidianos) las 24 horas del día. Las ONG VEsinFiltro y Un Mundo sin Mordaza alertaron que Miraflores busca promover la delación como forma de persecución política y que la iniciativa representa un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas.
“La militarización que existe hoy en el país no protege a la población civil, sino que la expone a mayores riesgos de represión, persecución por razones políticas; limitando al extremo sus derechos y fortaleciendo un modelo de control basado en la violencia, el terror de Estado, la persecución política y el miedo. La toma del país, y sobre todo de la capital por órganos de seguridad, militares, grupos de colectivos armados, en alcabalas, haciendo rondas o apostados en las calles genera un clima de control y vigilancia, pero también de temor, intimidación e indefensión. La población se encuentra -en palabras del ministro de Interior Justicia y Paz-, bajo estado de sospecha”, señaló la socióloga y defensora de derechos humanos, Lexys Rendón.
Para la coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, en Venezuela, sin un cambio político en puertas, se está consolidando una “normalidad” alejada de la democracia y pleno ejercicio de las libertades, una “paz autoritaria”.
“Se revierte la subordinación de las fuerzas armadas a lo civil y se consolida un Estado cuartel, cuyo mayor riesgo es que amenaza la vida, la integridad y la libertad. El Estado, con la excusa de amenaza externa, está logrando normalizar un estado de excepción permanente que le ha funcionado de manera clara para reprimir durante 2014, 2017 y 2024, y que muy probablemente, debido a la ilegitimidad y amenaza externa, no vaya a revertir, sino lo instaure como la política de seguridad permanente”, subrayó.
Destaca que este proceder es típico de regímenes autoritarios o dictatoriales como Cuba que creó el estado de vigilancia y represión permanente, que se fue normalizando hasta ser la política de Estado.
En Caracas, la excesiva presencia militar policial es combinada entre la GNB y su órgano adscrito Conas (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro), la Dgcim, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con la División de Investigaciones Penales (DIP) incluida, la Policía del Municipio Bolivariano Libertador (Caracas) y la Milicia Bolivariana.
Un “refuerzo especial” en la capital son los llamados colectivos afectos a Miraflores, prestos y listos para actuar contra opositores en caso de alguna protesta.
Como parte del denominado Plan Independencia 200, para responder a las “amenazas” de EEUU y reforzar el control territorial, Maduro, el ministro de la Defensa y Cabello han activado progresivamente las Zonas Operativas de Defensa Integral (Zodi), hasta ahora en Caracas y 10 estados -entre ellos La Guaira, Carabobo, Aragua y Zulia-, con la articulación de todos los organismos de seguridad del Estado.
Sociedad erosionada
“Nos están llevando a una sociedad militarizada, a la consolidación del Estado – partido – militares, donde el poder civil democrático e independiente no existe. Una sociedad que pierde el sentido de lo civil y la ciudadanía y se define por el enemigo externo o interno y los aliados. Una sociedad que normaliza el estado de excepción permanente, donde la seguridad de quienes detentan el poder es la prioridad y donde los patrones de vigilancia, control, terror de Estado, violencia, represión y persecución política, pasaron de ser sistemáticos y generalizados a ser la política de Estado”, alertó Rendón.
En el contexto actual, la socióloga igualmente alude a una sociedad “erosionada en su ciudadanía”, donde se van rompiendo canales de confianza y se afianza la lealtad política, los privilegios del entorno del poder, la obediencia y finalmente a “una sociedad de miedo”, obediente, que se inhibe y está “profundamente rota” en sus lazos de confianza, “una sociedad disciplinada por la violencia”.
Rendón sostiene que con la “vigilancia institucionalizada” la sociedad igual vive su rutina, la gente va a trabajar, los estudiantes van al colegio y los ciudadanos incluso asisten a actividades culturales y musicales, sabiendo que la condición es no cuestionar ni disentir porque están siendo “vigilados”. Pero advierte que esta sociedad no se desarrolla, sino que se estanca o retrocede, inversamente proporcional a los avances en materia de libertades democráticas y la vida en dignidad de otros pueblos.
“Es una adaptación forzada para la supervivencia. En términos sociológicos, se trata de una sociedad que sobrevive: la vida no se despliega en libertad, con garantías de derechos y para el desarrollo colectivo y personal, sino que se estrecha en un espacio reducido de adaptación, donde la esperanza se traslada al exilio o a un futuro incierto. En términos de derechos humanos es una normalidad de la negación de la dignidad humana, las libertades y la posibilidad de desarrollo”, advirtió.
Sin embargo, sostiene que no todo está perdido, porque se mantienen resquicios, donde cada cierto tiempo estallan posibilidades de disidencia, de lucha, de organicidad para la transición y la democracia.
“Se trata de incorporar una lógica y prácticas de clandestinidad que no es lo mismo que esconderse o desmovilizarse. Es adquirir y poner en práctica un conjunto de medidas preventivas, responsables y con arreglos sociales que permiten a personas y grupos mantener actividades -comunicación, organización, documentación, ayuda mutua- preservadas del control del aparato autoritario. Lo que significa fortalecer las redes de confianza, paraguas de protección, medios de comunicación alternativos y la planificación de formas seguras para movilidad. Preservar la libertad y la vida frente a quienes cometen crímenes de lesa humanidad”, agregó.
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