En 2025, varios hitos confirmaron el rol del Mippci en la coordinación estatal de campañas que intentaron influir en la opinión pública. La desinformación migratoria sirvió para justificar decisiones con impacto real en la diáspora venezolana
Durante años, en Cazadores de Fake News notamos que la desinformación sociopolítica que más distorsionaba el entorno informativo, la que generalmente afectaba más a los venezolanos, solía provenir del mismo entorno: el aparato de propaganda de la administración de Nicolás Maduro. Es cierto que otros actores y sectores también generaban desinformación, rumores o propaganda, pero la mayoría de los bulos y las campañas coordinadas que generaban más daño solían provenir del oficialismo, o estar asociadas con él. Esa recurrencia definió buena parte de nuestro trabajo hasta 2024.
Pero 2025 fue un punto de quiebre. Por primera vez en mucho tiempo, algunas de las narrativas con efectos más concretos contra venezolanos, en especial contra la diáspora, no se activaron desde Caracas, sino desde otros centros de poder, y encontraron terreno fértil en redes sociales y discursos públicos. Ya no se trataba solo de propaganda oficialista utilizada como herramienta de control de la conversación interna, sino también de rumores y narrativas que crecieron como bolas de nieve, alimentaron estigmas y se usaron para justificar decisiones que afectaron directamente a miles de venezolanos.
Mientras analizamos cómo la desinformación migratoria afectaba a la diáspora, también hicimos hallazgos sobre la desinformación venezolana. De hecho, 2025 fue el año en que pudimos comprender con mayor nitidez el funcionamiento del ecosistema de propaganda oficialista venezolano. Se profundizó como nunca antes en las dinámicas de impulso abierto y encubierto de campañas gubernamentales (a veces de desinformación y hostigamiento digital) y en la coordinación de redes de militantes, empleados públicos y cuentas inauténticas, que amplificaron líneas y piezas diseñadas para simular una mayoría espontánea y masiva defendiendo a Nicolás Maduro y repudiando a sus adversarios.
En el centro de esa estrategia destacó, como nunca antes, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci), como coordinador de directrices y llamados a la acción que suelen confundirse con campañas orgánicas y espontáneas. En realidad, forman parte de una estrategia muy coordinada, en la que también tienen un rol academias de propagandistas como la Escuela Influye, sistemas internos de transmisión de líneas de propaganda como el Siscom y el uso estratégico de cuentas y etiquetas, incluso en redes sociales censuradas como X.
Ese cruce, la consolidación de un aparato oficialista cada vez más complejo y, a la vez, el quiebre que supuso documentar desinformación contra venezolanos impulsada desde Estados Unidos y El Salvador, define buena parte de lo que aprendimos en 2025.
No es pueblo, es libreto
“Clicks bajo ataque” y “Pueblo o Libreto” fueron dos series de artículos publicadas por la coalición de medios venezolanos La Hora de Venezuela (LHDV). Algunos de sus hallazgos describen la estrategia del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) para coordinar y amplificar campañas digitales —algunas abiertas y otras encubiertas— y presentarlas como reacciones espontáneas u orgánicas.
Esta estrategia tiene como columna vertebral un sistema interno de comunicaciones, conocido como Siscom, al que varios miles de usuarios acceden instalando una aplicación disponible en tiendas de apps. Siscom es gestionado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) y ha sido usado para coordinar campañas digitales de propaganda, desinformación y hostigamiento.
Su funcionamiento quedó documentado tras una investigación que permitió comprobar la existencia dentro de Siscom de casi 600 grupos de mensajería integrados por funcionarios públicos, militantes del PSUV, operadores de medios estatales y estructuras partidistas. Poco después, La Nación de Argentina publicó un segundo artículo con más información sobre el sistema.
Desde esa red cerrada, altos funcionarios del ministerio —principalmente el ministro Freddy Ñáñez y el viceministro Johannyl Rodríguez— emitieron instrucciones centralizadas y difundieron libretos de campaña y contenidos multimedia. Con ello buscaban amplificar narrativas oficiales, difundir contenidos engañosos, reportar cuentas críticas y ejecutar acciones coordinadas en redes sociales. Esas directrices no solo marcaban qué decir, sino también cuándo amplificarlo, a quién atacar y qué cuentas reportar, como parte de una iniciativa gubernamental presentada como “contrapeso” a la desinformación contra la actual administración venezolana, aunque también amplifica desinformación y articula operaciones de manipulación en redes sociales.
En ambas investigaciones se pudo documentar, por ejemplo, la activación de dinámicas para manipular encuestas y tendencias en redes durante la campaña electoral presidencial de 2024, así como la amplificación de piezas de desinformación electoral, incluidos sondeos publicados por pseudoencuestadoras. También se registraron campañas de ciberacoso y hostigamiento digital con líneas estigmatizantes, junto con la difusión coordinada de memes y órdenes para reportar masivamente cuentas de periodistas y creadores de contenido. En conjunto, estos casos muestran hasta qué punto el régimen venezolano interviene la conversación pública en tiempo real y promueve narrativas oficiales y campañas de contrapropaganda haciéndolas pasar por “corrección” de rumores o “lucha contra la desinformación”.
La misma lógica de coordinación se aplicó, además, para simular “presión mundial” y fabricar tendencias “no oficiales” de repudio contra actores internacionales como Donald Trump, Marco Rubio y Javier Milei, con etiquetas, mensajes y cronogramas por plataforma y horario enviados por altos funcionarios del Mippci.
Durante el año también se documentó cómo el Mippci creó y promovió a la Escuela Influye, un programa de formación para entrenar militantes e influencers en la generación de propaganda digital. De forma oficial, la Escuela Influye se presenta como un programa “defensivo” frente a la desinformación y el discurso de odio, pero opera como un semillero de voceros digitales orientados a producir y amplificar contenidos políticos que, a veces, también son desinformación. Los instructores de la Escuela Influye forman parte de la Dirección de Medios Digitales del Mippci.
Aunque el acceso a X quedó bloqueado dentro de Venezuela, el régimen venezolano continuó presente en la red social de forma “no oficial”, impulsando una operación de propaganda encubierta en esa misma plataforma. En noviembre se detectó una operación de este tipo vinculada con el Mippci, articulada alrededor de una cuenta anónima con un avatar de dragón, @UnleashDracarys, que operaba como difusora de estos contenidos. Una investigación atribuyó el pseudónimo @UnleashDracarys a Dayra Rivas, directora de Medios Digitales del Mippci y una de las instructoras de la Escuela Influye.
Como parte de la misma operación, se detectó la participación de una red con más de 50 cuentas troll que amplificó de forma coordinada contenidos asociados a @UnleashDracarys. También se pudo confirmar que otra cuenta en X, @LoQSeDice, presentada como supuesto divulgador de noticias, es la misma que había sido usada como perfil oficial del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información hasta el 9 de agosto de 2024, antes de su retiro de la plataforma. Posteriormente, fue reconfigurada para aprovechar su base de seguidores como amplificador encubierto de esa operación del Mippci en X.
Ataques digitales en redes sociales
En 2025 se documentaron varias campañas digitales de repudio que se presentaron como reacciones espontáneas, pero mostraron señales de coordinación, amplificación sincronizada y despliegue multiplataforma. En varios casos fueron campañas impulsadas por el mismo ecosistema de amplificación de propaganda ligado al Mippci anteriormente descrito: propuestas por actores cercanos al ministerio y, en ocasiones, promovidas a través de Siscom e impulsadas por redes de cuentas “no oficiales” de la Guerrilla Comunicacional, o con la participación de medios proxy de propaganda.
En julio, actores y cuentas vinculadas con el oficialismo impulsaron una campaña digital para exigir la renuncia de Volker Türk como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). La campaña usó etiquetas como #VolkerTurkRenuncia y #VolkerViolaDDHH en varias redes sociales, promovió narrativas estigmatizantes contra Türk y contra la presencia de su oficina en Venezuela, y amplificó una solicitud del fiscal general Tarek William Saab (publicada en Instagram por el Ministerio Público) para que Türk dejara el cargo.
Además, se detectaron dos ataques digitales coordinados asociados a la red de amplificación de contenidos del portal Venezuela News, un medio proxy de propaganda pro-oficialista que desinforma regularmente. El primero estuvo dirigido contra la activista colombo-venezolana Martha Lía Grajales, a quien se acusó de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”. El segundo involucró a Cazadores de Fake News y al diario El Nacional, señalados de atacar a Venezuela News tras reseñar la campaña de estigmatización en contra de Grajales.
Se pudo comprobar la coordinación de ambas campañas cuando un usuario compartió un enlace de Venezuela News acompañado, por error, de una instrucción interna que no debía hacerse pública: “cuando (tengan el) link me lo pasan. Por todas sus redes”. El mensaje es evidencia directa de que campañas de este tipo suelen ser organizadas por operadores los cuales exigen pruebas de cumplimiento a los equipos que las impulsan de forma coordinada.
Poco menos de un mes después, se desplegó otra campaña digital coordinada dirigida contra la periodista Francesca Díaz, tras la publicación de un reportaje crítico sobre la empresa de aseo urbano Fospuca en el diario Correo del Caroní. En este caso, al menos 20 falsos noticieros difundieron contenidos estigmatizantes y difamatorios, que fueron amplificados por más de 40 cuentas en X con señales de coordinación inauténticas. No hay evidencia de que esta campaña haya sido ordenada por el Mippci o tenga origen gubernamental; en cambio, la campaña fue vinculada con la empresa Fospuca, debido al historial de hallazgos previos sobre operaciones de influencia asociadas a dicha empresa.
María Corina Machado, principal blanco de la desinformación
María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, fue el principal blanco de desinformación política documentado por Cazadores de Fake News durante el año. En octubre se publicó una bitácora con al menos 80 incidentes de desinformación registrados entre enero de 2024 y octubre de 2025, registros que demuestran la existencia de una ofensiva sostenida y diversa en contra de Machado, desde montajes simples hasta operaciones coordinadas.
Varios de estos bulos tuvieron un factor común: intentaron asociar a Machado con violencia o con la promoción de terrorismo. Circularon versiones falsas que le atribuían llamados a bombardear Venezuela o Caracas, o a promover una invasión, todas piezas diseñadas para acusarla de ser una amenaza pública y justificar su persecución. En paralelo, también se impulsaron montajes para dañarla por asociación, con publicaciones inexistentes o manipuladas que intentaban vincularla con figuras criminales y erosionar su legitimidad ante audiencias dentro y fuera del país.
La presentación pública de María Corina Machado en Chacao, el 9 de enero —un día antes de la toma de posesión presidencial— marcó uno de los momentos de mayor intensidad de bulos, rumores y teorías de conspiración en su contra. Tras su detención al salir de la concentración contra la juramentación de Nicolás Maduro, cuentas cercanas al oficialismo comenzaron a compartir un video de Machado hablando, asegurando que no había ocurrido una detención, sino que se trataba de un “falso positivo” organizado por su propio equipo.
Una investigación de La Hora de Venezuela demostró que Machado, en efecto, sí había sido detenida y que la narrativa del “falso positivo” buscó reescribir el hecho en tiempo real, trasladando la atención desde los responsables hacia una acusación de manipulación.
Casi cerrando el año, se desplegó otra campaña de propaganda internacional en contra de Machado. En los días previos a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, se impulsaron acciones como una contramarcha con supuestos “colectivos por la paz”, una denuncia contra el premio realizada ante autoridades suecas, y la organización de mítines en Estados Unidos y Europa en contra de la premiación, amplificados como si fueran una oleada de rechazo “popular” y generalizado.
En esos episodios aparecieron, una y otra vez, convocantes y “voceros” con trayectorias de afinidad política con los gobiernos de Chávez y Maduro, o con vínculos verificables con su aparato de propaganda y sus estructuras.
En Oslo, por ejemplo, un medio proxy oficialista presentó como “ciudadanos comunes” a empresarios con vínculos con el oficialismo y a activistas extranjeros, algunos de los cuales habían visitado Venezuela para participar en congresos promovidos por el oficialismo. En las protestas y actos realizados en varias ciudades de Estados Unidos estuvieron presentes organizaciones pacifistas amigas del régimen venezolano, como CODEPINK, que en el pasado participaron en actos de repudio similares contra líderes de oposición.
Venezolanos sin prontuario criminal en EE. UU. entre los deportados por Trump a El Salvador
La deportación de 252 venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mostró el alcance de una narrativa engañosa cuando deja de ser “conversación” y se convierte en política pública. La medida se apoyó en el marco repetido por Donald Trump: que el gobierno de Nicolás Maduro había vaciado las cárceles, de forma deliberada, para inundar con criminales a Estados Unidos, incluidos supuestos integrantes del Tren de Aragua.
La narrativa sirvió para justificar el destino del grupo de venezolanos detenidos y deportados. La administración Trump los presentó como criminales peligrosos, terroristas o “lo peor de lo peor”.
Sin embargo, una investigación conjunta de Cazadores de Fake News, la Alianza Rebelde Investiga (Runrunes, El Pitazo y Tal Cual) y los medios estadounidenses ProPublica y The Texas Tribune investigó a 238 de los 252 venezolanos deportados y pudo confirmar que esa caracterización no se sostenía con los registros disponibles en EE. UU. y varios países de Latinoamérica, en particular en lo relativo a antecedentes criminales y estatus migratorio.
Solo 32 personas entre las 238 investigadas habían sido condenadas en Estados Unidos, en su mayoría por delitos no violentos, como hurtos o infracciones de tránsito. Además, más de la mitad (130 hombres) figuraban únicamente como infractores de las leyes migratorias. Apenas seis tenían condenas por crímenes violentos: una fracción muy pequeña, que contrastaba con la narrativa usada para explicar su detención, deportación y encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad salvadoreña.
Para llegar a esas conclusiones, la alianza periodística combinó registros oficiales estadounidenses con verificación en documentos venezolanos, entrevistas a familiares y abogados, revisión de expedientes y solicitudes de acceso a información pública. También contrastó nombres con listados e insumos usados para identificar presuntos miembros de bandas, sin encontrar coincidencias que respaldaran la idea de que el grupo de venezolanos deportados tuviera vínculos con la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
Otra investigación publicada en este contexto permitió comprender la evolución de la historia del supuesto “vaciamiento de cárceles” ordenado por Nicolás Maduro y el envío deliberado y masivo de ex reclusos venezolanos a Estados Unidos por parte de su administración.
El rumor, investigado por Cazadores de Fake News desde 2021, ha venido creciendo como bola de nieve en redes y espacios políticos desde entonces, reforzado por afirmaciones sin evidencia que se reciclan cada vez que la migración venezolana se convierte en tema electoral o de seguridad. Sin embargo, aunque ese relato terminó instalándose en la política estadounidense, hasta el momento no existen investigaciones concretas que demuestren que sea cierto: lo que hay es un sinnúmero de verificaciones e investigaciones sobre casos de desinformación, rumores, videos descontextualizados, acusaciones desmentidas y tuits que han sido desmontados, uno a uno, por verificadores venezolanos y de todo el hemisferio.
«Central Cazadores» es nuestro nuevo chatbot en WhatsApp y te permite verificar noticias falsas y protegerte de la desinformación desde tu teléfono. Consulta en tiempo real y accede a contenidos exclusivos directamente desde tu teléfono. Escríbenos al +56949641365 y ayúdanos a hacer frente a la desinformación.
La cobertura sobre desinformación migratoria no se limitó al capítulo sobre los venezolanos deportados a El Salvador y tuvo que adaptarse a una escalada más amplia. A medida que avanzaron las operaciones y crecieron las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, se multiplicaron narrativas que mezclaban migración, narcotráfico y “amenazas” regionales, y se amplió el campo de desinformación que afectaba directamente a venezolanos fuera del país.
Ese quiebre dejó una lección clara: la desinformación que afecta a los venezolanos a partir de 2025 ya no es solo la que el oficialismo ha empujado durante años para controlar la conversación interna en Venezuela, sino también la que otros actores comenzaron a promover y aprovechar, y que terminó alimentando decisiones y estigmas que golpean a la diáspora. Por eso, monitorearla y desmentirla —venga de donde venga— son, y serán siempre, parte de nuestros esfuerzos para reivindicar la verdad y frenar mentiras que, tarde o temprano, terminan afectando a todos los venezolanos alrededor del mundo.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
