Declaración editorial del equipo de Cazadores de Fake News
Los terremotos del 24 de junio de 2026 dejaron a Venezuela ante varias emergencias simultáneas. Además de la del rescate y la logística también existe una emergencia informativa que, por su volumen y velocidad, no tiene precedentes en nuestros registros como organización de verificación.
Desde Cazadores de Fake News dirigimos esta declaración a nuestros lectores y a la comunidad internacional de verificadores, porque lo que ocurre en el ecosistema informativo venezolano desde ese día plantea dificultades inéditas para verificar y deja lecciones que trascienden esta emergencia.
Una ola de desinformación en su mayoría espontánea
El desastre encontró un ecosistema de medios debilitado desde hace años. Decenas de medios digitales independientes permanecen bloqueados en Venezuela, una situación que se profundizó durante la campaña presidencial de 2024, mientras que redacciones y organizaciones de verificación operan con equipos y recursos mínimos. El acceso a la red social X también estuvo restringido desde el 8 de agosto de 2024, aunque tras los terremotos comenzó a ser desbloqueado por varios proveedores de internet.
Sobre esa infraestructura frágil cayó el mayor episodio de desorden informativo que hayamos documentado en nuestra organización. A la fecha, la mayor parte de los rumores, informaciones erróneas y desinformación no parece provenir de campañas coordinadas de políticos, medios u otros actores influyentes, sino que es generada y amplificada de forma espontánea por ciudadanos, un fenómeno que repite lo que ha ocurrido en otros desastres documentados alrededor del mundo.
Venezuela ya conocía esa dinámica, por ejemplo, por las olas de rumores durante los primeros días de la pandemia del COVID-19, o con las olas periódicas de rumores sobre secuestros de niños, que al menos en Cazadores de Fake News documentamos en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Episodios agudos como esos ocurrieron sin la existencia probada de alguna campaña coordinada, pero alimentados por la preocupación de la ciudadanía por el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Algo parecido se repite en Venezuela tras los terremotos, pero a una escala mucho mayor, lo que nos ha hecho recibir consultas no solamente sobre niños y personas desaparecidas, sino sobre el destino real de la ayuda humanitaria, del personal de búsqueda y rescate o sobre denuncias de corrupción y colapsos de edificios, entre muchos otros temas.
Algunos usuarios amplifican contenidos falsos y engañosos porque confirman sus posiciones críticas contra el oficialismo, mientras que otros los fabrican porque creen que la viralidad podría debilitar a un gobierno que rechazan. Algunos hasta han impulsado campañas de phishing que se aprovechan de la vaguedad de los anuncios oficiales sobre las ayudas gubernamentales.
No se puede descartar que adversarios políticos de la administración de Delcy Rodríguez también promuevan campañas coordinadas de agitación, propaganda o desinformación, pero demostrarlo exige metodologías que permitan probar su existencia, algo que hasta ahora nadie ha presentado, públicamente ni de manera irrefutable.
Los efectos de este terremoto informativo han sido tangibles. La desinformación sobre una falsa alarma de tsunami, difundida entre los mismos habitantes del estado La Guaira (y no por medios de comunicación), provocó desplazamientos desesperados de personas que se apaciguaron cuando fue desmentida por verificadores locales y autoridades.
Ese desmentido en particular es un ejemplo del papel legítimo en una emergencia no solamente de las organizaciones de verificación independientes, sino de cuentas oficiales, que consiste en alertar, dar contexto y corregir información errónea.
Negaciones oficiales con estética de verificación
Pero en paralelo funciona otra práctica que requiere explicación. Desde antes del terremoto, con la llegada del ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, la administración de Delcy Rodríguez opera en X una cuenta de respuesta rápida llamada “Miraflores al Momento”, que publica presuntos desmentidos acompañados de sellos de “fake”, similares a los que usa la comunidad verificadora.
En la cuenta “Miraflores al Momento” conviven, entre otros posteos, videos de declaraciones con estadísticas de pérdidas y la voz en off de Delcy Rodríguez, desmentidos que señalan a un medio internacional y a una de sus periodistas como parte de una maquinaria de “fake news”, aclaratorias apoyadas en el testimonio individual de un rescatista y videos que celebran el abrazo entre la presidenta encargada y un sobreviviente rescatado por brigadas extranjeras. Esa convivencia de formatos indica que la función de este espacio es comunicacional, no verificadora.
Esta práctica de intentar contrarrestar la desinformación que el oficialismo identifica por su cuenta no se limita a este perfil oficial en X. Otras cuentas oficiales, canales y grupos de Telegram del ecosistema informativo oficialista reaccionan de manera parecida, diseminando contenidos que usan etiquetas de “FAKE”, asociadas normalmente a organizaciones de verificación. El doble sismo no dio pie a esta dinámica, pero la agudizó hasta un punto en el que se hizo necesario pronunciarnos.
Es importante aclarar cuál es la diferencia entre las verificaciones de organizaciones independientes y este tipo de “negaciones” provenientes de fuentes oficiales. Una verificación profesional hace pública la evidencia que sostiene su conclusión, contrasta fuentes independientes entre sí, atribuye cada dato a su origen y corrige sus propios errores. Cazadores de Fake News, por ejemplo, cuenta con una metodología pública en la que se explica cómo es investigado cada caso, para que cualquier lector que desee pueda reproducir nuestro análisis y llegar a las mismas conclusiones.
La mayoría de las negaciones de parte que el oficialismo presenta a través de cuentas como “Miraflores al Momento”, en cambio, están basadas principalmente en las declaraciones o la credibilidad del actor señalado y no en evidencias irrefutables. Cuando la única prueba ofrecida es el testimonio de una persona, un ente público o un vocero político seleccionado por la propia institución y no existe contraste de fuentes, el mensaje se reduce a que algo es falso solamente porque el gobierno afirma que lo es.
Es comprensible que gobiernos quieran responder a contenidos falsos que la afectan, especialmente después de eventos catastróficos como los terremotos del 24 de junio, y nada le impide hacerlo. Pero esa respuesta pertenece al terreno de la comunicación oficial, y presentarla con la estética de la verificación confunde a las audiencias sobre qué es el fact-checking y quién lo practica de forma metodológicamente rigurosa.
Además, la desconfianza hacia las fuentes oficiales tiene antecedentes concretos. Según lo investigado por nuestra organización en conjunto con otros equipos, el oficialismo impulsó casos de desinformación y aplicó por años técnicas de manipulación coordinada de etiquetas y de la conversación en línea.
Aunque en la emergencia actual no hemos detectado campañas abiertas o encubiertas de ese tipo, varios de los funcionarios que hoy conducen la respuesta al desastre estuvieron vinculados a algunos de esos casos.
Para los verificadores este escenario duplica la carga de trabajo porque cada desmentido oficial publicado sin evidencia debe ser verificado también, una tarea que recae sobre equipos que ya operan al límite. Mientras tanto, señalar a periodistas y medios como piezas de una conspiración debilita a la prensa en el terreno, que es la fuente primaria para confirmar o descartar información y cuyo acceso a las zonas afectadas debe garantizarse.
Una responsabilidad compartida
La manera de construir confianza en las cifras oficiales de víctimas y daños no debería basarse, entonces, en el uso de negaciones oficiales con el sello de “FAKE”, sino en la validación conjunta entre instituciones del Estado, medios de comunicación, organizaciones humanitarias y no gubernamentales, que puedan avalarlas independientemente.
La lección que debe quedar como precedente es que la integridad informacional en una catástrofe es una responsabilidad compartida entre autoridades, medios, plataformas y ciudadanos, y que ninguna de las partes puede protegerla defendiendo únicamente su versión, porque los desmentidos aislados y carentes de metodología no mitigan el caos, sólo profundizan la desconfianza pública.
Negar no es verificar.
Cazadores de Fake News investiga cada caso mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
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