Empresarios iberoamericanos aparecen como “agentes culturales” en portales oficiales de Brasil en esquema de limpieza de imagen

Dos empresarios venezolanos con negocios desarrollados durante la administración de Nicolás Maduro y el expresidente de la aerolínea española Plus Ultra comparten desde enero de 2025 una inusual vitrina digital: una red de portales culturales públicos de Brasil. Allí figuran biografías elogiosas de ellos y de decenas de otras personas y marcas iberoamericanas, a pesar de que no son agentes culturales legítimos ni guardan relación alguna con la escena artística brasileña.

Una investigación conjunta de Cazadores de Fake News y Estadão Verifica revisó 282.565 perfiles publicados en 24 instalaciones de la red “Mapas Culturais” e identificó 598 fichas sospechosas. De ellas, 581 corresponden a 40 empresarios, marcas y servicios comerciales de España y América Latina, varios con historiales de problemas legales, crisis reputacionales o denuncias penales.

“Mapas Culturais” es un directorio digital de personas y organizaciones dedicadas a la cultura y el arte en varios estados y municipios brasileños, y funciona con un software libre de registro abierto que sus gobiernos locales instalan por su cuenta. Las fichas sospechosas detectadas, sin embargo, están escritas en español y no pertenecen a agentes culturales brasileños.

La red de sitios web fue diseñada para que cualquier cultor se registre de forma sencilla, aunque suelen pedir un documento de identidad brasileño que, en varios casos, no verifican. El atractivo de publicar perfiles en esta plataforma no está en que sean leídos por audiencias brasileñas, sino en que, como operan bajo el dominio que identifica a los organismos gubernamentales de Brasil (GOV.BR), gozan de alta reputación ante Google y los asistentes de inteligencia artificial.

Por ello, quien busca el nombre de un empresario cuestionado puede encontrar entre los primeros resultados una biografía favorable, que gana apariencia de legitimidad al estar alojada en la página web de un organismo público de otro país.

Las 17 fichas restantes no pertenecen a ningún beneficiario, sino a Meritoo, una firma española que vende desindexación y desplazamiento de contenido negativo en buscadores, y a su fundador.

Cazadores de Fake News detectó perfiles biográficos en español publicados en sitios web de “Mapas Culturais” mientras trabajaba en una investigación distinta, centrada en un conjunto de cuentas con señales de inautenticidad que estuvo activo en Instagram y X al menos hasta mayo de 2026. En X, varias de esas cuentas difundieron de forma repetida enlaces a publicaciones favorables sobre el empresario venezolano José Simón Elarba Haddad, dueño de la empresa privada de aseo urbano Fospuca y presidente del banco Bancamiga.

Algunos de estos enlaces apuntaban a medios de comunicación legítimos y a blogs del empresario, pero dos de ellos lo hacían a portales oficiales del Estado brasileño, uno del Ministerio de Cultura y otro del gobierno del estado de Pará, ambos con dominio GOV.BR. Esos dos enlaces fueron el punto de partida para rastrear 55 direcciones asociadas a la red “Mapas Culturais”, de las cuales 25 seguían activas y permitieron descargar sus registros públicos.

El nombre de José Simón Elarba aparece en 19 fichas de 19 sitios web distintos de la red, publicadas entre el 9 de enero de 2025 y el 29 de enero de 2026. Sus vínculos con el poder están documentados desde hace más de una década.

En diciembre de 2014, según una investigación firmada por Armando.info, El Pitazo, Runrunes y Poderopedia, Elarba fue fotografiado en una discoteca de la isla caribeña de San Bartolomé junto a Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, el mismo mes en que este fue designado como miembro de la junta directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro y fue capturada junto a él en Caracas el 3 de enero de 2026.

Ese mismo año Elarba recibió una transferencia de 1,48 millones de dólares que el Bank of New York Mellon reportó como sospechosa, según los FinCEN Files. Elarba admite que Malpica es “bastante amigo” suyo. Y en agosto de 2024 apareció en una fotografía de una reunión de representantes de la banca con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, difundida por el Centro Internacional de Inversión Productiva.

Nada de lo anterior aparece en sus fichas brasileñas. En ellas es presentado como un impulsor de la economía circular que lidera proyectos contra el cambio climático, promueve startups verdes y combina “innovación institucional, expansión empresarial y gestión estratégica”. Su ficha en el sitio web municipal de Campos dos Goytacazes, en el estado de Río de Janeiro, lleva por título “¿Quién es realmente José Simón Elarba Haddad y por qué genera tanto interés?”, una pregunta redactada para capturar lo que un lector escribiría en Google. 

Elarba no es el único nombre de la red cuyas fichas omiten conexiones con el poder venezolano.

Una ficha del sitio web de Natal, en el estado de Rio Grande do Norte, mezcla dos identidades: el texto describe a Elarba, pero el título lleva el nombre de José Laya Quintana, otro empresario de origen venezolano radicado en República Dominicana. Laya Quintana logró desindexar de Google, entre enero y julio de 2026, un sitio anónimo que publicaba señalamientos en su contra, según revisión realizada por esta investigación en la base de datos de Lumen.

El segundo venezolano es Juan Carlos López Tovar, contratista del Estado venezolano con 17 fichas en 16 instalaciones publicadas entre mayo de 2025 y junio de 2026. Su ficha en Campos dos Goytacazes y una de Elarba fueron creadas por la misma cuenta, la única compartida por dos beneficiarios en toda la base de datos investigada.

Fuera de Brasil también los une Carlos Malpica Flores. Una investigación de Armando.info con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), La Prensa de Panamá y Transparencia Venezuela en el Exilio identificó a López Tovar como exesposo de una sobrina de Cilia Flores y como socio de Malpica Flores en dos empresas contratistas del Estado.

La misma investigación documentó que López Tovar recibió en 2014 —a nombre de una sociedad— al menos 5,8 millones de dólares de compañías del panameño Ramón Carretero Napolitano, sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2025 por facilitar envíos de productos petroleros en nombre del gobierno venezolano.

Nada de esto aparece en las fichas brasileñas de López Tovar. Allí es un empresario con tres décadas en la industria de los neumáticos, la procura industrial y la ganadería sostenible con «disciplina operativa» y «visión estratégica». Varias fichas destacan que opera desde Panamá con proveedores asiáticos, lo que se presenta como logística internacional moderna.

Otro perfil “cultural” destacable es el del español Julio Martínez Sola, expresidente y cofundador de Plus Ultra Líneas Aéreas, con seis fichas en seis instalaciones. La aerolínea recibió 53 millones de euros del fondo de rescate español en marzo de 2021, aunque movía el 0,03% del tráfico aéreo, y un mes antes Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, había autorizado seis vuelos Madrid–Caracas sin nota diplomática, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española.

Martínez Sola fue detenido el 11 de diciembre de 2025 y quedó en libertad provisional sin declarar. En julio de 2026 reconoció ante la Audiencia Nacional que Plus Ultra pactó pagar una comisión del 1% del rescate a una sociedad ligada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente español fue imputado el 19 de mayo de 2026 por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La ficha de Martínez Sola en IberCultura Viva, el mapa de alcance internacional de la red, publicada el 1° de julio de 2025, destaca entre sus logros el refuerzo de las rutas hacia Lima, Bogotá y Caracas, y presenta como éxito comercial la misma conexión con Venezuela que está en el centro de la causa española. 

En el auto de imputación de Zapatero, Delcy Rodríguez aparece como “La Dama”, la persona que según los chats intervenidos controlaba la asignación directa de buques petroleros y era el contacto de mayor nivel de Zapatero en Venezuela.

Ninguna de las 42 fichas de Elarba, López Tovar y Martínez Sola menciona nada de esto. Todas describen trayectorias empresariales exitosas, sin una sola referencia a los señalamientos judiciales o periodísticos que pesan sobre ellos. En la red de “Mapas Culturais” hay, además, otros 37 nombres entre personas, marcas y servicios comerciales.

Los 40 nombres verificados no forman un grupo homogéneo: hay empresarios, marcas y servicios comerciales de varios países y de sectores sin relación entre sí. Lo que tienen en común es un historial de sanciones, denuncias o coberturas de prensa desfavorables, y fichas en esta red de portales públicos brasileños que hoy compiten con esos resultados en Google.

Una parte tiene sanciones o condenas firmes. Es el caso de dos empresarios chilenos condenados en 2018 por delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, el llamado caso Penta, o el de una cementera colombiana sancionada por fijar precios y repartirse el mercado con sus dos competidoras, en un caso conocido como el Cartel del Cemento.

Otra parte no registra sanciones pero sí crisis reputacionales, desde menciones en los FinCEN Files y en los documentos del caso Epstein hasta denuncias de acoso, estafa, fraude o violencia de género. En muchas ocasiones, estas denuncias no llegaron a convertirse en investigaciones judiciales o administrativas formales o fueron cerradas por distintos motivos, pero su cobertura periodística sigue en línea.

La plataforma guarda la fecha y la hora exactas en que se crea cada perfil. Ninguna de estas fichas se creó en sábado o domingo, y el 99,8% se publicó entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde en hora de Europa central y occidental, la que comparten Madrid, Milán, París y Berlín. Los casi 50.000 agentes culturales reales de esos mismos portales se registraron a media tarde brasileña, y uno de cada seis lo hizo un sábado o un domingo.

Para cada nombre, esta investigación registró cuántas fichas tiene en la red y qué información aparece sobre él en buscadores. La tabla siguiente resume ambos datos.

Esta investigación no descarta que algunas de estas personas hayan sido objeto de campañas de difamación auténticas, ni puede afirmar que sus fichas se crearan a raíz de los antecedentes legales o reputacionales que recoge la tabla. 

Lo que sí consta es que sus perfiles favorables aparecen en la misma red de portales gubernamentales brasileños y comparten características con los de otras personas que enfrentan procesos judiciales, algunas con sentencia firme, aunque también hay casos de homónimos, tanto de empresas como de personas, cuya confusión puede ser nociva para la imagen comercial o profesional.

La red no solo aloja a quienes se benefician de estos perfiles. También aloja las fichas de quien vende ese servicio. Es el caso del emprendedor español Alejandro “Alo” Abascal y de su empresa, Meritoo. Fundada en Madrid en 2020 bajo el nombre Remove Group y renombrada en 2026, Meritoo ofrece precisamente servicios de desindexación y desplazamiento de contenido negativo en línea, así como de posicionamiento de contenido positivo.

Se presenta como «tecnología que alinea la percepción con tus valores» y, según su propia descripción corporativa, opera como marca paraguas con distintas divisiones dedicadas a la reputación ante sistemas de inteligencia artificial para empresas y personas, “especializada en Google y AI Overview”. Así mismo, ofrece la generación de “reseñas reales y feedback con IA” y solicitudes de eliminación para la “mitigación de impacto mediático de brechas de seguridad”.

En un clip del programa “Emprende” de Televisión Española (TVE), publicado en 2021 en el canal de YouTube de la empresa, entonces llamada Remove Group, ambos socios, Borja Martín de la Torre —antes asesor en mercados financieros en Latinoamérica—, y Alejandro Abascal —con experiencia en emprendimientos digitales—, dan declaraciones en la televisión estatal española sobre sus servicios. Abascal señala «desindexamos y eliminamos todo tipo de contenidos. Tenemos casos desde personas que están sufriendo bullying, ciberacoso de cualquier tipo, que tienen ataques de fake news, campañas de desprestigio, todo tipo de clientes, tanto empresas como personas”.

De la Torre explica que la empresa tiene dos vías para lograr lo que promete. La primera, la “desindexación”, es jurídica y se apoya en el derecho al olvido, que según él permite pedir a Google que deje de mostrar un contenido pasados cinco años, salvo que se trate de personas de interés público. Pero cuando esa vía no funciona, se aplica la segunda.

«Empresas, personas expuestas, políticos, cosas recientes no tienen ese derecho de la desindexación o eliminación«, dice. «Entonces pasamos a una forma técnica que sería el desposicionamiento, que yo le llamo posicionamiento inverso«. Abascal lo explica sin rodeos: «Desplazamos el contenido a la segunda o tercera página, donde nadie lo ve. ¿Cómo hacemos esto? Con nuestra tecnología«.

De acuerdo a una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el “derecho a la supresión (‘al olvido’)” señala que “las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre”. Google podrá rechazar la petición si prevalece la libertad de información y expresión o si el personaje o hecho posee relevancia pública. No hay ninguna mención a los 5 años que nombró De la Torre, plazo que corresponde a una norma distinta, el derecho al olvido oncológico, que vela por que los supervivientes no sean discriminados financieramente. 

Sobre el posible abuso o blanqueamiento de empresas con malas prácticas, De la Torre asegura que “no se meten en procesos vigentes” y que su promesa es que lo que aparezca en internet sobre alguien sea “la verdad o al menos equilibrado”. La red de “Mapas Culturais” contiene, sin embargo, fichas de al menos ocho personas con causas judiciales abiertas al momento de su publicación.

Los datos muestran que las fichas de los beneficiarios fueron creadas con el mismo método que la del fundador de Meritoo y, en al menos una instalación, dentro de la misma secuencia de cuentas. Cada ficha se abrió desde una cuenta distinta, usada una sola vez. En São Gonçalo do Amarante, un municipio del estado de Ceará, esas cuentas ocupan los números 225 al 255 casi sin interrupción: entre ellas apenas se intercala un usuario ajeno a la operación.

Las fichas comparten además un formato común en su redacción y una sección de enlaces que apunta a portafolios profesionales como about.me y clippings.me, a plataformas ajenas al mundo empresarial como Loop, una red para investigadores académicos, y a entrevistas en medios con el mismo tono elogioso. Esos sitios, a su vez, enlazan de vuelta a las fichas de “Mapas Culturais”, de modo que cada pieza refuerza a las demás.

El Confidencial Digital, un medio digital español, por ejemplo, publicó una entrevista con Abascal y su cofundador sobre Meritoo y también un perfil favorable de José Simón Elarba. Canarias En Red, un portal de noticias canario, publicó artículos elogiosos sobre Elarba y López Tovar, y ocho sobre los logros de Plus Ultra y Martínez Sola, ninguno con mención a sus problemas judiciales o revelaciones periodísticas.

El Mundo Financiero, un diario económico digital español, publicó artículos favorables sobre Elarba y López Tovar, pero también una nota sobre la creación de Remove Group en 2020 y, en 2024, un artículo sobre protección digital que enlazaba a Ciber Reputación, una de las empresas del grupo Meritoo, que ofrece reducir “el impacto de ciberataques en medios”.

Nada de esto habría sido posible sin una particularidad de la plataforma: fue diseñada para que cualquier artista se registre sin trabas, y esa misma apertura fue la que aprovechó la operación.

“Mapas Culturais” es una tecnología brasileña gratuita, creada en 2013 y en funcionamiento desde entonces, disponible como software libre. “Cualquier persona puede instalar una copia de Mapas Culturais y personalizarla como quiera”, explica Lívia Ascava, socia directora de Hacklab, la empresa que desarrolló la plataforma.

Según Ascava, la iniciativa surgió a partir de una serie de encuentros en los que activistas digitales, agentes culturales de Brasil y América Latina y gestores públicos llegaron al consenso de que el sector cultural necesitaba un mapeo de sus agentes. Al conocer el número y el perfil de estas personas, los gestores, como los secretarios de Cultura de los municipios y estados, podrían formular políticas públicas más alineadas con el contexto local.

El primer mapa fue el de la ciudad de São Paulo, lanzado en 2014 con el nombre de SP Cultura. Al año siguiente, en octubre de 2015, el Ministerio de Cultura (MinC) adoptó la plataforma “Mapas Culturais” como la base de datos oficial para reunir, de manera estandarizada, información e indicadores sobre el sector cultural de la Unión, los estados y los municipios.

En la práctica, esto significa que el ministerio pasó a contar con su propio mapa, denominado “Mapa de la Cultura” (que da lugar a los “Mapas Culturais”), que sigue vigente hasta hoy y cuenta con más de 260 mil agentes registrados. La plataforma se convirtió en el espacio para la difusión de las convocatorias del MinC. En agosto de 2026, por ejemplo, las inscripciones para un proceso de acreditación destinado a la selección de profesionales encargados de elaborar dictámenes técnicos de proyectos se realizaron exclusivamente a través del mapa nacional. 

El MinC informó a Estadão Verifica que la tendencia es que, en el futuro, esta plataforma sea sustituida por una nueva, llamada CultBR. Actualmente, el ministerio mantiene, además del Mapa de la Cultura, otras dos plataformas propias del Mapa Cultural: Cultura Viva, que mapea puntos de cultura —iniciativas, colectivos o entidades de la sociedad civil que desarrollan y articulan acciones culturales en sus comunidades— y ⁠Red de las Artes, lanzada por la Fundación Nacional de las Artes (Funarte). 

Es la Subsecretaría de Tecnología de la Información e Innovación (STII) del MinC la que se encarga de las configuraciones, actualizaciones, correcciones y demás actividades necesarias para el funcionamiento de estos tres sistemas. Es decir, su mantenimiento no lo realiza Hacklab, como ocurre con otros mapas.

El coordinador de proyectos de la empresa, César De Lucca, afirma que, actualmente, Hacklab tiene contratos vigentes para la gestión de ocho mapas de entidades públicas. Además de estos, Hacklab se encarga del mantenimiento de un mapa de alcance internacional, el IberCultura Viva, cuyo objetivo es mapear expresiones artísticas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. 

Quien busca “Mapas Culturais” en Google se encuentra con instalaciones de otras localidades que no son mantenidas ni por Hacklab ni por el MinC. Su mantenimiento queda a cargo de quien las instaló —por lo general, una administración municipal o una secretaría estatal—.

Ahí es donde entra uno de los principales obstáculos de la red Mapas Culturais como proyecto, señalado por Ascava: la falta de infraestructura técnica de los estados y municipios para el mantenimiento del software. El abandono de la tecnología abre la puerta a la vulnerabilidad de los sistemas, que quedan sin rutinas de mantenimiento y verificación por parte de los administradores.

“Hay una serie de instalaciones que nunca se han cuidado, pero que aún están en línea”, dice Lívia. “La tecnología es como un jardín. Entonces, si la dejas abandonada, se llena de spam y de usuarios no deseados”, agrega. 

Uno de los sistemas investigados es el de la ciudad de São Gonçalo do Amarante, en el estado de Ceará. Entre el 9 de junio de 2025 y el 17 de octubre de 2025 se registraron 39 perfiles en la plataforma. De ellos, solo tres eran agentes culturales legítimos y uno era un perfil de hacker. Todos los demás eran personas y empresas investigadas para este reportaje.

Al inicio del proyecto, una alianza entre el Instituto TIM y Hacklab garantizaba los recursos para que la empresa se encargara del mantenimiento y la actualización del sistema. Sin embargo, tras el fin del financiamiento, los estados y municipios deben hacerse cargo de la infraestructura técnica. “Muchos no pudieron hacerlo y tampoco desactivaron las plataformas”, explica Ascava.

Aun así, “Mapas Culturais” es motivo de orgullo para los desarrolladores, por ser un software brasileño con años de trayectoria. “En Brasil, tenemos a Mapas como una expresión muy relevante para la comunidad de la cultura digital, una plataforma brasileña que se utiliza, que ya ha movido muchos millones de reales en su interior, que es segura, auditable y replicable”, afirma Ascava. Ella explica que un grupo compuesto por diferentes entidades sigue activo para el intercambio de información y la consolidación de la tecnología del proyecto.

El registro en los sitios web de Mapas Culturais se realiza sin moderación ni autorización previa antes de su publicación en los sitios web. El proyecto adopta la autodeclaración de los artistas en la plataforma con el fin de evitar juicios de valor sobre la definición de lo que se considera cultura, según explicó Ascava. Debido a la exposición de los sistemas a cuentas falsas, como en el caso identificado por el reportaje, la autodeclaración es un dilema en la comunidad involucrada en el proyecto.

“Es una discusión recurrente sobre si aumentar o reducir el acceso. Pero, como trabajamos con todo Brasil, tenemos territorios en los que el nivel de inclusión digital es muy bajo. Cuando hablamos de incorporar, por ejemplo, el GOV.BR [registro a través de la plataforma del gobierno federal], podemos excluir a la población ribereña o quilombola del acceso a los recursos y la visibilidad”, afirma.

Para identificar registros que no pertenecen a agentes culturales, la estrategia de monitoreo varía según cada administración. En un comunicado, el Ministerio de Cultura informó que, en los mapas federales, se activan mecanismos de seguridad cuando se identifican “contenidos ofensivos”, como intentos de comercialización de productos ilícitos o uso malintencionado. Las medidas incluyen el bloqueo de cuentas, direcciones IP o la eliminación de contenidos inapropiados.

Por su parte, Hacklab cuenta con un detector de spam que, basándose en palabras clave sospechosas, envía un aviso de moderación antes de que se publiquen los perfiles, según explica De Lucca.

Otra medida adoptada en las plataformas es el uso del Registro de Personas Físicas (CPF) —el número individual que identifica a los ciudadanos brasileños— para el registro de agentes culturales. Sin embargo, el sistema de los mapas no valida el CPF con los datos de la Administración Tributaria. De Lucca explica que es posible que se utilicen generadores de CPF para crear cuentas falsas.

Los Mapas ya han sido utilizados por personas con malas intenciones en el pasado. En 2021, un reportaje del periódico Folha de S. Paulo reveló que un perfil promovía contenido nazi en el Mapa Cultural de la ciudad de São Paulo. De Lucca recuerda que, en ese momento, la plataforma estaba abandonada y carecía de supervisión constante. SP Cultura fue cerrado tras la publicación del reportaje.

Según Lívia, los ejemplos demuestran que las cuentas falsas no se crean a partir de un ataque informático al sistema, sino por la falta de supervisión de las plataformas. “Por lo tanto, no se trata de una vulnerabilidad en el sentido técnico, sino en el sentido de la gestión de la tecnología, de contar con protocolos y rutinas de mantenimiento”, afirma.

Los investigadores Hal Triedman y Tingwei Zhang de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, afirman que los servicios de limpieza de reputación son un negocio lucrativo y de bajo costo. Han realizado un estudio sobre cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden ser manipulados mediante la inserción de texto en plataformas con contenido generado por los usuarios, como Reddit o Wikipedia.

Afirman haber identificado que una pequeña cantidad de texto es suficiente para manipular la respuesta proporcionada. Para ello, el factor principal observado es hacer que un texto parezca responder perfectamente a la pregunta del usuario. A esto se suman factores como textos contundentes con muchas estadísticas y titulares al estilo de las noticias. La repetición de una información en diversos sitios web de Mapas Culturais también aumenta la probabilidad de que el LLM la considere correcta y la cite en una respuesta.

En el caso de los “Mapas Culturais”, los investigadores añaden que el hecho de que pertenezcan a un dominio gubernamental aumenta su reputación y autoridad en buscadores como Google.

“Si estás bien posicionado en ese ranking, es muy probable que lo que haya en el sitio web termine en algún resumen generado por IA”, afirma Triedman.

“Espero que las empresas de inteligencia artificial asuman más responsabilidad en este tipo de cosas desde la perspectiva de la verificación de datos”, dice Triedman. “Por ahora, sin embargo, la moderación (en sitios como “Mapas Culturais”) es la única línea de defensa. Además de pedirle a la gente que verifique sus fuentes para asegurarse de que no todo sea spam o contenido generado por los usuarios”.

Esa línea de defensa se activó, al menos en parte, durante esta investigación. Después de ser contactada por uno de los reporteros, Hacklab actualizó su lista de palabras sospechosas. “Cuando nos alertaron, incorporamos el término ‘empresário (en portugués)’ al mecanismo. Así, cada vez que alguien ingresa esa palabra en el registro, el sistema genera una alerta”, explica De Lucca, que anunció además que se enviará un comunicado a la comunidad involucrada en el proyecto.

El sitio de São Gonçalo do Amarante, donde 35 de los 39 perfiles registrados entre junio y octubre de 2025 corresponden a personas y empresas de este reportaje, dejó de estar disponible después de que los periodistas contactaran a la Secretaría de Cultura del municipio, aunque volvió a estar en línea días después.

Al cierre de esta edición, 241 de las 598 fichas documentadas ya no estaban disponibles tal como fueron publicadas. Ochenta y una devuelven un error de página no encontrada y otras 49 siguen en línea con el contenido modificado, mientras que las 111 restantes están alojadas en cinco de los 24 sitios web que no respondieron durante la verificación. La mayoría fueron archivadas antes de que los periodistas contactaran a los involucrados.

Cazadores de Fake News y Estadão Verifica intentaron contactar a José Simón Elarba, Juan Carlos López Tovar y Alejandro Abascal (Meritoo) para obtener su versión sobre estos hallazgos. Al cierre de este reportaje no habían recibido respuesta.