Por qué el doblete sísmico derribó unos edificios en Venezuela y apenas agrietó otros

Los edificios no se diseñan para salir intactos de todos los terremotos posibles, sino para no colapsar ante un sismo probable, definido por las normas. El ritmo con el que se mueve cada estructura, el suelo que la sostiene y la forma en que fue construida explican por qué el mismo evento produjo daños tan distintos y delimitan lo que una investigación debe verificar en cada colapso.

Desde el doblete sísmico del 24 de junio de 2026 circulan en redes sociales afirmaciones que suenan a diagnósticos técnicos, pero que comparten argumentaciones erróneas: que la norma venezolana “no sirve”, que un edificio “antisísmico” jamás debió caer o que la presencia de una vivienda que quedó intacta junto a una torre colapsada demuestra que la vivienda está bien construida y la torre no. Detrás de esas afirmaciones y otras similares hay muchas preguntas legítimas, que siguen sin respuesta para miles de familias que perdieron su casa o a un ser querido y que quieren entender qué falló.

Esas preguntas merecen explicaciones rigurosas y darlas lleva más cuidado y más tiempo del que permiten los veredictos instantáneos y las conclusiones apresuradas. Ninguna de esas explicaciones exime de responsabilidad a nadie: al contrario, definen qué debe investigarse, edificio por edificio, y a quiénes puede alcanzar esa investigación.

Los edificios no se calculan para resistir sin daños cualquier terremoto imaginable. Se diseñan para comportarse de una forma prevista frente a un “sismo de diseño” que definen las normas de cada país, aceptando daños, incluso severos, con una prioridad por encima del resto: proteger la vida del mayor número posible de ocupantes.

El doblete sísmico del 24 de junio ha dejado, al menos, 3.685 fallecidos y 16.740 heridos, además de 856 edificios afectados, 190 colapsados y 17.907 personas sin vivienda, según el balance oficial del 7 de julio. Entre las estructuras dañadas o caídas hay construcciones de distinta altura y año, levantadas con distintos sistemas constructivos y calculadas con distintas normas, como se explicó en la primera entrega de esta serie.

Entender por qué el mismo evento derribó unas edificaciones y dejó otras en pie exige conocer conceptos que rara vez salen de las aulas de ingeniería, como el “período” de un edificio o los efectos de la resonancia en las estructuras. Las dudas más frecuentes sobre este tema se responden a continuación.

Un terremoto no empuja a todos los edificios con una misma fuerza, sino que sacude el suelo sobre el que están apoyados. La base de la estructura se mueve con el terreno mientras el resto del edificio, por la resistencia natural de todo cuerpo a moverse de golpe, tiende a quedarse donde estaba. Ese vaivén en la base es el que mueve a los pisos superiores, generando las fuerzas que agrietan o rompen la estructura.

Pero, a diferencia de la creencia popular, la magnitud de las fuerzas que dañan a las estructuras no depende solamente de lo intenso que sea el sismo. Depende también del suelo que transmite la sacudida, del peso y la forma del edificio, y del ritmo propio con el que la estructura vibra ante fuerzas externas, conocido como su “período”.

Por eso el mismo terremoto puede exigirle poco a una construcción y llevar a otra hasta el límite, incluso si están a pocos metros de distancia. Para eso existen las normas: para traducir todos esos factores en diseños seguros de edificios.

Un edificio “sismorresistente” no es un edificio inmune a los terremotos. Es una estructura calculada para responder de una manera prevista ante un “sismo de diseño”, un movimiento definido en la norma de cada país según la amenaza sísmica de la zona donde se construye. Venezuela tiene su propia norma sismorresistente, la Covenin 1756-1:2019, al igual que el resto de los países expuestos a terremotos.

Ese diseño no promete cero daños. Promete que, frente al sismo considerado, la estructura puede agrietarse y deformarse, pero sin desplomarse, para proteger la vida de sus ocupantes. Las edificaciones esenciales, como hospitales, escuelas y estaciones de bomberos, se calculan con exigencias mayores porque deben seguir funcionando después del evento.

El “edificio antisísmico”, entendido como una construcción a prueba de cualquier terremoto posible, no existe en ninguna norma del mundo. Todas trabajan con probabilidades, no con garantías absolutas.

Todo edificio tiene un ritmo natural con el que se mece cuando algo lo mueve, como una regla de plástico que sobresale del borde de una mesa y vibra al soltarla. Ese ritmo se llama período y es el tiempo que tarda la estructura en ir y volver una vez. Como regla aproximada, un edificio tarda alrededor de un décimo de segundo por piso, de modo que uno de diez pisos completa su vaivén en cerca de un segundo.

Una casa baja y rígida vibra rápido, con un período corto, igual que la regla cuando sobresale un poco de la mesa. Una torre alta y flexible se mece despacio, con un período largo. El suelo, por su parte, también sacude con ciertos ritmos dominantes, que dependen del terremoto y del terreno que transmite el movimiento.

Comparar la casa en pie con la torre caída parece una prueba de calidad de construcción, pero en realidad compara estructuras que recibieron exigencias distintas del mismo terremoto. La primera diferencia es el período, porque cada una “siente” el mismo sismo de forma diferente.

La segunda diferencia es el suelo. Dos zonas de una misma ciudad, o de ciudades vecinas como Caracas y La Guaira, pueden apoyarse sobre terrenos distintos, y la norma asigna a cada tipo de suelo un parámetro propio que modifica la exigencia de diseño.

Ambas diferencias explican uno de los casos más estudiados de la ingeniería sísmica. En el terremoto de México de 1985, con epicentro a unos 350 kilómetros de la capital, el daño se concentró en los edificios de mediana altura de Ciudad de México, mientras la mayoría de las construcciones bajas y de las torres altas sufrió daños mucho menores. El ritmo específico del suelo blando del antiguo lago sobre el que fue construida la capital mexicana coincidió con el período de los edificios medianos.

Algo similar ocurre con las viviendas informales. Muchas construidas en los cerros y zonas populares de Caracas se levantaron sin criterios sismorresistentes rigurosos y no colapsaron porque el ritmo de este sismo no las exigió, aunque siguen siendo más vulnerables que varios de los edificios que sí resultaron dañados. Frente a un terremoto con otro período dominante, esa vulnerabilidad quedaría expuesta.

Nada de esto establece por qué colapsó un edificio concreto. Indica, en cambio, que comparar estructuras distintas no sirve como prueba de buena o mala construcción.

Sí puede, y por eso los estudios de suelo son un insumo imprescindible para diseñar edificios que mitiguen esa amplificación.

Venezuela tiene un precedente documentado. En el terremoto de Caracas de 1967, los colapsos se concentraron en Los Palos Grandes, donde los sedimentos alcanzan cientos de metros de profundidad y amplificaron los ritmos lentos del movimiento, que son los que más exigen a los edificios altos. Construcciones similares sobre terrenos más firmes de la misma ciudad resistieron.

Un edificio calculado para un terreno firme pero construido sobre sedimentos blandos, sin embargo, queda expuesto a exigencias que su diseño nunca consideró.

Tras el doblete sísmico del 24 de junio circuló la pregunta sobre si los depósitos de sedimentos de La Guaira, al amplificar el movimiento, convertían en un error los permisos para construir edificios altos en la zona. Un suelo blando, sin embargo, no prohíbe construir en altura, sino que cambia las condiciones del cálculo.

Y esas condiciones empiezan por la fundación. El estudio de suelo indica qué tipo de fundación conviene a cada terreno. Hay varias alternativas que van desde las zapatas convencionales hasta soluciones más costosas, como las losas de fundación o la construcción de pilotes, soportes parecidos a columnas subterráneas de concreto que atraviesan las capas más blandas y superficiales del suelo hasta apoyarse en estratos firmes.

El mismo estudio de suelos también incluye parámetros que se tienen que considerar por norma al momento de calcular sísmicamente al edificio. Un edificio alto diseñado con esos datos puede ser tan seguro sobre sedimentos como sobre roca, aunque resulte más costoso de construir.

La relación entre altura y exigencia tampoco es directa. Los edificios bajos, de período corto, suelen recibir las mayores aceleraciones del sismo, mientras que los altos reciben aceleraciones menores pero concentran mucha más masa, por lo que la fuerza resultante depende de cada caso. La pregunta pertinente no es si debido al suelo se debieron construir edificios más bajos en La Guaira, sino si cada edificio se calculó considerando el suelo que realmente tiene debajo.

No necesariamente, porque el diseño sismorresistente acepta el daño como parte de su funcionamiento. Muchas grietas en paredes divisorias, frisos y otros elementos que no soportan al edificio son la consecuencia esperada de una estructura que se deformó para disipar la energía del sismo.

Lo que exige atención profesional es distinguir ese daño del que compromete a las columnas, vigas y sus uniones, es decir, al verdadero esqueleto que soporta al edificio. Esa diferencia no puede establecerse con seguridad con una fotografía ni a simple vista desde la calle, sino mediante una inspección técnica de cada edificación y el análisis de cómo fue calculado ese edificio, incluyendo la revisión de los planos de su estructura.

Ese abanico de estados resulta más visible cuando el sismo afecta a un conjunto residencial, donde varios edificios de altura y diseño similares probablemente fueron levantados por la misma constructora, en el mismo período y sobre el mismo terreno. Estructuras tan semejantes reciben aceleraciones parecidas y fuerzas de magnitud similar, por lo que es esperable que sufran daños parecidos.

Cuando eso no ocurre y unos edificios del conjunto colapsan o sufren daños severos mientras otros quedan en pie, esa diferencia no prueba por sí sola un mal cálculo o construcción en unos y no en otros. Es, en cambio, uno de los hechos que la investigación técnica debe explicar, examinando el conjunto residencial completo y no solo los escombros.

Que un edificio vecino no haya colapsado, además, no prueba que esté sano por dentro. Es posible que la sacudida lo dejara al borde y que un movimiento algo más prolongado hubiera completado el colapso, algo que solo la inspección de cada estructura puede establecer.

En redes circuló también la afirmación de que los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela que permanecieron en pie demuestran una calidad superior a la de otras edificaciones que sí colapsaron. El punto de partida parte de una premisa inexacta, porque entre las estructuras de ese programa hay tanto edificios dañados como otros que resistieron, igual que ocurrió con construcciones de otros tipos y de otras épocas.

Compararlas entre sí, sin considerar la altura, el suelo, el “período” de cada edificio y la norma con la que se calculó cada una, no permite concluir nada sobre ninguna. Un edificio puede haber permanecido en pie, incluso con deficiencias de diseño, de materiales o de inspección, si el ritmo específico del doblete sísmico, el período, no llegó a exigirle hasta su límite.

Así como el poliestireno expandido hallado entre los escombros no prueba por sí solo un fraude, como se explicó en la primera entrega de esta serie, que un edificio haya permanecido en pie no acredita que sea seguro. Para llegar a ambas conclusiones se necesita lo mismo: una inspección técnica, que alcance también a las estructuras que hoy siguen habitadas.

La estructura entra en sus reservas de resistencia. Los edificios se diseñan con factores de seguridad y con ductilidad, que es la capacidad de deformarse mucho antes de romperse, como un alambre que se dobla y se deforma antes de partirse. Lo contrario es una falla frágil, que rompe de golpe y sin aviso, como una tiza.

Para evitar que un edificio se rompa de esa manera existe un criterio central del diseño moderno, conocido como “columna fuerte, viga débil”. Ese criterio busca que las vigas actúen como los fusibles de la estructura: se dañan primero de forma controlada, mientras las columnas quedan lo más intactas posible.

Un edificio que en cambio daña sus vigas se deforma, se agrieta y avisa antes de caer.

Ese comportamiento escalonado explica, en parte, que muchas personas lograran salir de algunos de los edificios que terminaron perdiéndose. Establecer si cada estructura colapsada fue diseñada y construida bajo ese criterio es, precisamente, una de las tareas de los estudios técnicos que este tipo de eventos exige.

Las normas no exigen calcular un edificio para la fuerza exacta del sismo esperado. Sin embargo, consideran factores de seguridad y obligan a considerar el sismo en distintas direcciones, de modo que el ingeniero termina diseñando para un escenario más desfavorable que el previsto.

Pero ninguna norma del mundo exige calcular un edificio para dos acciones extraordinarias aplicadas de forma simultánea, como serían la fuerza de un terremoto y la de un huracán al mismo tiempo. Tampoco contempla que un segundo terremoto llegue pocos segundos después del primero, sobre estructuras que este acaba de dañar.

El doblete del 24 de junio, con dos movimientos fuertes separados por 39 segundos, entra en ese segundo caso. Su efecto conjunto no equivale a sumar los dos sismos por separado, sino a golpear una segunda vez a estructuras que ya no estaban intactas y, probablemente, a algunas que aún mantenían el vaivén del primer impacto.

El primer movimiento pudo causar daños significativos en elementos estructurales de muchas edificaciones, que quedaron resentidas, con menos rigidez y menos reservas disponibles. El segundo llegó sobre ellas y pudo rematar a varias que, frente a un solo sismo, quizás habrían permanecido en pie.

Esa secuencia describe un mecanismo posible, no la causa establecida del colapso de ningún edificio en particular.

Las normas sismorresistentes no forman un ranking mundial, porque cada una responde a la amenaza, los suelos y la práctica constructiva de su país. Chile enfrenta con frecuencia terremotos de subducción de magnitudes cercanas o superiores a 8, mientras que la amenaza venezolana proviene sobre todo de sistemas de fallas con eventos menos frecuentes. Comparar los textos —y los países— sin comparar las amenazas no dice nada. 

Todas las normas, además, evolucionan después de los grandes terremotos. Japón endureció la suya tras el sismo de Kobe en 1995 y Chile ajustó sus decretos tras el terremoto de 2010, mientras que la norma sismorresistente venezolana se actualizó en 1998, 2001 y 2019. Actualizar el texto, sin embargo, no refuerza los edificios ya construidos ni garantiza que las obras nuevas lo cumplan. 

El desempeño de los edificios tampoco depende sólo del texto vigente. Depende de con cuál norma fue calculado cada uno, de si las construcciones anteriores fueron reforzadas y de la calidad del cálculo, los materiales y la inspección de cada obra. Esas condiciones se verifican caso por caso, no comparando países.

Las investigaciones que siguieron a los terremotos de México en 2017 y de Chile en 2010 muestran cómo se hace esa verificación caso por caso. En ambos países, los estudios técnicos identificaron patrones repetidos entre los edificios dañados o colapsados, desde ciertos tipos de diseño estructural y errores en la disposición del acero de refuerzo hasta problemas de suelo, de construcción y de inspección.

Identificar esos patrones permitió corregir las normas y encauzar la atribución de responsabilidades. Esa es la tarea pendiente en Venezuela, que exige examinar las fallas edificio por edificio, incluidas hipótesis como el uso de normas hoy desactualizadas en estructuras calculadas hace décadas o negligencias como la ausencia de estudios de suelo.

Ese examen puede señalar responsables entre las constructoras, las autoridades que aprobaron e inspeccionaron las obras y los profesionales que las calcularon. La diferencia con el juicio viral es que la atribución científica y objetiva, falla por falla, es la única capaz de sostener sanciones y de definir qué errores no deben volver a repetirse.